La ONG Anmistía Internacional solicitó que se garantice el acceso al aborto no punible en la Justicia de la provincia de Tucumán. Asimismo, se pronunció a favor del reciente fallo de la Justicia porteña que declaró inconstitucional el veto a una ley porteña que regula el acceso a abortos no punibles.
Amnistía Internacional se presentó el lunes pasado ante la Justicia tucumana para advertir que, “si obstaculiza el acceso a abortos no punibles en los centros de salud de la provincia, estaría violando obligaciones internacionales contraídas por el estado argentino en materia de derechos humanos”.
Así lo sostuvo al presentar en la justicia provincial un “amicus curiae” en una causa en la que una legisladora Silvia Elías de Pérez, presentó ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de la provincia que impida la realización de abortos legales a mujeres que declaren estar embarazadas como resultado de una violación.
Si el pedido de la legisladora prospera, “se estaría comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado Argentino, ya que el derecho internacional de los derechos humanos es claro en ordenar al Estado avanzar en la no punibilidad del aborto”, advierte el escrito presentado.
“Se estaría poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres y niñas tucumanas de escasos recursos que, ante dicha prohibición, recurrirán a abortos inseguros en centros clandestinos que muchas veces se cobran sus vidas o les dejan serias secuelas en su salud”, agregó Amnistía Internacional y concluyó: “La salud sexual y reproductiva es un derecho humano y los Estados tienen la responsabilidad de garantizarla”.
Por otra parte, la org celebró el fallo de la justicia de la ciudad de Buenos Aires que puso en vigencia en la Ciudad la ley local 4138, que regula el acceso a abortos no punibles de acuerdo a los estándares que fijó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2012. Se trata de la sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo que declaró la inconstitucionalidad del veto que había aplicado el jefe de Gobierno de la Ciudad y ordenó que se tenga por promulgada la ley.
“Es necesario que las leyes, políticas y directrices que impongan sanciones punitivas por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sean erradicadas de los sistemas jurídicos nacionales” explicaron desde la organización internacional. Al mismo tiempo consignaron que “la penalización del aborto, lejos de desincentivar la práctica, la vuelve peligrosa”.