Esto dijo la flamante integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, en diálogo con DiarioJudicial.com acerca del traspaso de competencias al Poder Judicial de la Ciudad. “Tenemos derecho a que sea el Consejo de la Magistratura de la Ciudad el que seleccione y proponga a los jueces de la Capital Federal y que no sean los jueces nacionales los que resuelvan para la Ciudad” , señaló la alta magistrada. Sobre el proceso de su designación y los contratiempos que tuvo en en la Magistratura y la Legislatura, explicó que “en la votación siempre hay política pero no pasa de ser algo normal que ocurre en cada designación”, aunque destacó que “es un hecho superado”.
¿Cómo fueron estos primeros días al frente de su nuevo cargo?
Fueron días para tomar conocimiento de las causas en las que me va a tocar intervenir. Días de recibir información del tribunal desde el punto de vista interno ya que como jueces de cámara siempre veíamos las sentencia del tribunal superior pero no el funcionamiento.
¿Encuentra alguna diferencia muy notoria con respecto a su trabajo en la cámara?
La diferencia notoria es que en las cámaras de apelaciones nos ocupamos de hecho y prueba, en cambio en los tribunales superiores las cuestiones importantes son las de derecho. Establecer doctrinas claras que entiendan los justiciables. Así como establecer decisiones y sentencias que sean claras para los tribunales de apelaciones.
En cuanto a la claridad de la sentencias, y el hecho de que muchas veces las mismas son difíciles de comprender para el común de la gente, ¿Cómo ve esta cuestión?
Creo que es una cuestión mundial, no es sólo una cuestión argentina. Cuando estaba en el tribunal de Ruanda invitaron dos veces a profesores de escritura a hablar con los jueces para que nos dieran pautas para escribir de manera clara. Lo primero que hay que pensar es quien es el destinatario de la sentencia. Si uno escribe para abogados, para otros jueces o para las partes que no son muchas veces ni abogados, ni profesionales, ni universitarios. Es algo que se discute en los tribunales internacionales y en todos los tribunales del mundo en este momento.
¿La publicidad de los fallos en qué lugar queda?
Si son claras la publicidad es mucho más sencilla. Cuando las sentencias no son claras empieza la interpretación a través de los medios. Si una sentencia es breve y clara, es auto explicativa y lo único que tiene que hacer el periodista es tomarla y difundirla. Los tribunales tienen cada vez más páginas en donde difunden sus sentencias.
Teniendo en cuenta esto, ¿cómo vivió el tratamiento de su pliego en la Legislatura y las dudas sobre su usted cobró o no cobró sueldos de la ONU?
El proceso fue muy tranquilo y respetuoso. En la audiencia pública me hicieron muy pocas preguntas y las contesté para satisfacción de todos los presentes. Luego de todas las etapas institucionales surgió la etapa política, la votación. En la votación siempre hay política pero no pasa de ser algo normal que ocurre en cada designación, pero es un hecho superado.
En cuanto a la transferencia de competencias al Poder Judicial de la Ciudad ¿lo ve preparado para recibir tales competencias?
Esta muy preparado. Lo que ocurre es que el gobierno de la Ciudad no puede seguir recibiendo transferencias sin los recursos. Es una trampa. La Nación cobra todos los impuestos y luego transfiere las responsabilidades a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. No puede cobrar todos los impuestos y luego que educación, vivienda, salud y justicia, todo eso salga del erario municipal o provincial. La nación tiene que asumir su parte de responsabilidad en todos estos temas.
¿Cuál es su opinión sobre el juicio por jurados?
Es un tema que está pendiente desde 1853, no es un tema novedoso. Lo que hay que impedir es que los temas que están en el tapete desde hace décadas sirvan para tapar temas que son más importantes. La transferencia de la justicia, de la nación a la ciudad es una asignatura pendiente mucho más importante que la implementación del juicio por jurados porque si este se implementa va a ser en la esfera nacional porque las competencias no están transferidas. Primero transferir y después implementar el procedimiento. Los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires no somos ciudadanos de segunda a los que se les impone desde la nación sus jueces. Tenemos derecho a que sea el Consejo de la Magistratura de la Ciudad sea el que seleccione y proponga a los jueces de la ciudad y que no sea los jueces de la nación los que resuelvan para la ciudad.
¿Nota diferencias entre los poderes judiciales nacionales y los porteños? Ya que usted previo a formar parte de la Justicia de la Ciudad fue jueza civil nacional?
No creo que haya diferencias, somos todos jueces con diferentes competencias. Lo que pasa es que parte del Poder Judicial de la Ciudad todavía está en la nación porque no fue transferido. Que los jueces de familia sean nacionales y no de la ciudad, así como los jueces comerciales, es un contrasentido. Siempre va a haber competencias federales Tendría mucho menos importancia la discusión entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura (nacional) por los fondos, porque serían bastante menores.
¿Existen realmente los conflictos de derechos, por ejemplo, en el caso de los piquetes?
Es importante para la convivencia del vecino de la ciudad. Quién lo resuelve, en la ciudad, deberían ser los jueces de la ciudad.
¿Es real o no el conflicto de derechos?
Siempre hay conflictos entre distintas personas, por eso hay abogados y tribunales, para evitar la justicia por las propias manos. Siempre hay más de una persona que quieren lo mismo o distintas personas que creen que algo distinto que se resuelve a través de los tribunales.
¿Qué opina de la democratización de la Justicia?
La palabra democratización es una palabra con la que nadie puede estar en desacuerdo pero que en realidad no dice mucho. Son términos que suenan bien, que todo el mundo tiene que aplaudir, como la justicia social. Quien no va a estar de acuerdo con la justicia social, con una buena distribución de la riqueza. Son términos con los que nadie puede disentir.
¿Cuál es su opinión sobre la nueva Ley de medidas cautelares?
Las medidas cautelares, desde el punto de vista del individuo, es un disparate porque la parte fuerte de un juicio siempre es el Estado. Este siempre puede esperar, no se va a morir. El que tiene necesidades imperiosas es el individuo. Entonces, el imponerle al individuo que va a depender de la decisión del estado para saber si va a tener o no una cautelar es negar la existencia misma de la medida cautelar y eliminar el derecho a un juicio. Para llevarlo a un caso absurdo, si yo preciso alimentos hoy y me deniegan el pedido por vía cautelar y dentro de tres años, cuando termina el juicio, se decide que te podes alimentar, es un contrasentido. La justicia es lenta y va a ser más lenta con la creación de las nuevas cámaras de casación. Es crear una instancia más. Yo hice el cálculo cuando era jueza nacional civil, con un juzgado que funcionaba bien y con dos partes muy activas, no había juicio que bajara de un año. Si a eso le sumamos la cámara y la casación, creo que no bajamos, en el mejor de los casos, de tres años. Y hay situaciones que no pueden esperar tres años. Además se crea, con las nuevas cámaras de casación, por la nación algo que es competencia de la ciudad. La justicia de la ciudad debería determinar si precisa cámaras de casación y crearlas, pero no ser la nación que impone a la ciudad Cámaras de la Casación.
Con su experiencia en el paso de los juzgados internacionales: ¿La creación de tribunales ad hoc choca con el derecho al juez natural?
Se crearon tribunales ad hoc, pocos en realidad, y en 1993 con motivo de la guerra en la ex Yugoslavia. Naciones Unidas, que estaba ahí, no pudo evitar la guerra y entonces el Consejo de Seguridad que no evitó la masacre creó un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia. Desde los tribunales de Nüremberg, después de la segunda guerra mundial y que eran tribunales militares, no hubo creación de ningún otro tribunal hasta que se creó el tribunal para la ex Yugoslavia. Fue prácticamente medio siglo en que no se crea ningún tribunal. Fue un paso importante crear un tribunal y no quedarse en la firma de tratados y fue la primera vez que se implementó una manera de decir basta. Cuando un año más tarde ocurre el genocidio en Ruanda esta misma receta se vuelve a utilizar. Se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda con la misma sala de apelaciones. Se discutió en ese momento, y discutíamos como jueces nosotros. Sabíamos que habían sido creados los tribunales luego de haberse cometido los hechos pero lo importante no era cuando había sido constituido el tribunal porque nadie en su sano juicio podría haber cometido un delito de lesa humanidad pensando que no había cometido un delito. Lo que sí tuvimos cuidado los jueces en cada caso es que cuando había un procesado, ver si el delito al que había sido acusado ya era un delito en el territorio con anterioridad a la creación del tribunal. Tanto la ex Yugoslavia como Ruanda habían ratificado las convenciones de Ginebra. También nos fijábamos si internamente, ya sea por el derecho estatutario o consuetudinario, eran considerados delitos en ese territorio. Nadie podía alegar que el genocidio, el crimen de guerra o el de lesa humanidad no eran delito.