Según confiaron fuentes seguras a Diariojudicial.com, la postura de Nazareno -que no votó la acordada de la Corte por razones de “decoro”, ya que es presidente de los dos cuerpos-, habría surgido durante un diálogo informal que el alto magistrado mantuvo con el vicepresidente del Consejo, Mario Quiroga Lavié.
Por suerter, dos jueces que además son miembros del Consejo de la Magistratura coincidieron en que la Corte desconoció la facultad del Consejo de anular la resolución que este cuerpo adoptó en torno a “no aplicar en el ámbito del Poder Judicial la ley de emergencia económica y financiera para el cumplimiento de sentencias judiciales”.
El camarista civil y flamante presidente de la Comisión de Administración y Financiera, Claudio Kiper, manifestó que “es facultad del Consejo de la Magistratura aplicar la ley de Emergencia Económica”, y que “con seguridad el cuerpo en su primera sesión ordinaria del febrero del año próximo analizará este tema”.
“La propia ley en su artículo 23 dice que el Consejo tiene facultad para administrar el presupuesto del Poder Judicial” y que en torno a la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, “el Estado no puede consolidarlos con bonos”.
“Los jueces han hecho juicios contra el Estado por diferencias salariales que ahora el Poder Ejecutivo dejó de pagar por la emergencia económica. Existen reclamos de magistrados y funcionarios por juicios con sentencias firmes en el sur del país y donde la Corte ha hecho mal la liquidación. Se les tiene que pagar”, afirmó Kiper.
Acerca de las medidas a tomar por parte del Consejo en relación a la acordada de la Corte, el magistrado señaló que “se va a insistir en declarar que la Corte no tiene facultad para hacerlo”.
Por otra parte, el juez y consejero Javier Fernández Moores, si bien descartó un conflicto entre la Corte y el Consejo sostuvo que “la Constitución Nacional dice que la ejecución del presupuesto es del Consejo de la Magistratura y no de la Corte. El Consejo actúa dentro de sus facultades”.
“La Corte se equivoca en desconocer la facultad del Consejo de la Magistratura”, definió Fernández Moores. La acordada de la Corte salió un día después de que el Consejo de la Magistratura en plenario adoptara una resolución por la cual señaló “inaplicable la ley”.
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