“Esta Corte ha advertido con insistencia que el Poder Judicial necesita reformas para acercarlo a las necesidades de la población”, así se inicia el texto de la Acordada 32/13, dictada este martes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, el Máximo Tribunal dispuso la creación de tres comisiones sobre “Celeridad en los Procesos de la Justicia Penal, las que tendrán carácter institucional”.
En los considerandos de la acordada, la Corte refirió que muchas de esas reformas “se han implementado en el ordenamiento interno del Tribunal”, y mencionaron entre las mismas “el desarrollo de una política comunicacional proactiva”.
También se aludió a “la generación de políticas de acceso definidas para sectores específicos que permitan generar su inclusión a la vida judicial, el acceso del ciudadano a la información judicial, la creación de medios tecnológicos para mejorar el servicio de justicia y la política de transparencia de los procesos judiciales, entre otras”.
Pero igualmente, sin perjuicio de ellas, para los integrantes del Cuerpo era necesario “avanzar en este objetivo respecto del resto de la justicia federal”. Y que ello ya había sido discutido “en las distintas Conferencias Nacionales de Jueces”.
En ese contexto, resultaba imprescindible “acentuar los esfuerzos para tener una justicia más rápida”. “Es indispensable que el sistema se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable, sin perder de vista la fortaleza en las decisiones que se adopten en cada caso”, precisó la Corte.
Los jueces, además, expresaron que “dada la multiplicidad de fueros con características diferentes”, resultaba conveniente “comenzar por aquellas demandas que comprometen los valores esenciales de la persona y que son, a su vez, las que más preocupan al ciudadano común y a la sociedad en su conjunto; estas son aquellas directamente vinculadas a la problemática penal”.
De esta forma, los integrantes del Tribunal Federal coincidieron en que “la celeridad de los juicios en esta materia resulta una exigencia que debe ser atendida por todos los intervinientes en el ámbito propio de sus competencias”.
“El cumplimiento de este objetivo exige la coordinación de múltiples factores, que incluyen la designación de jueces, el diseño de un mapa judicial, el mejoramiento constante del sistema informático, la capacitación de empleados, las reformas procesales penales apropiadas, la implementaci6n de una gestión adecuada del juzgamiento penal, entre otras; tareas que involucran a los tres poderes del Estado”, indicó la acordada.
Pero, pese a los esfuerzos “que se pudieran haber hecho hasta el momento”, a criterio de la Corte “no se ha logrado satisfacer la legítima demanda en la materia , por lo que corresponde que el Poder Judicial tome la iniciativa de preparar una base de trabajo y convocar los demás Poderes del Estado para discutirla e implementarla”.
Esos fueron los motivos que llevaron al dictado de la Acordada 32/13. En la parte dispositiva de la misma, se establecieron las características de las comisiones creadas.
En tal sentido, se dictaminó que La Comisión estará constituida por cinco integrantes, “que serán designados por la Cámara Federal de Casación Penal, y se referirá específicamente al funcionamiento de las cámaras federales y juzgados federales de primera instancia en materia penal”.
Por su parte, los integrantes de la segunda, también cinco, serán designados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital l Federal y se referirá específicamente “al ámbito de la justicia nacional, de ambas instancias, de menores y de ejecuci6n penal”.
Los integrantes de la tercera “serán designados por los Tribunales Orales, Federales y Criminales y se referirá al ámbito propio de sus competencias”.
El texto finaliza expresando que las comisiones “deberán elaborar propuestas con el fin de acelerar los juicios penales, dentro de las respectivas jurisdicciones”. Y que las mismas deberán contemplar cinco cuestiones esenciales.
Los mismos están distribuidas en “1) reformas internas en el poder judicial, referidas a los procesos penales; 2) elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental; 3) información al público, transparencia de los procesos, el rol de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales; 4) reformas legislativas procesales; 5) mejoras en el sistema de excarcelaciones y la situación de los detenidos”.
Esas propuestas tendrán que ser enviadas a la Corte, “dentro de un plazo de noventa días, a fin de que sean remitidas, en su caso, a la autoridad que corresponda”.
Con el dictado de este Acto Administrativo, la Corte Suprema admitió las graves problemáticas existentes en el ámbito de la justicia penal, con el retraso de juicios y la superpoblación de detenidos en las cárceles del país, que se encuentran sin condena firme. Lo que podría ser un primer paso para una necesaria reforma procesal, que ayude a resolver estas dificultades
dju
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