La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una prórroga a la Ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas. Amnistía Internacional Argentina bregó porque “el Estado nacional no demore más en el reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas”.
En su sesión del miércoles pasado la Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga de la declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, una ley de emergencia sancionada en 2006.
Se trata de la Ley 26.160 que ordenó la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y suspendió los desalojos por el término de cuatro años. Esta norma ya había sido prorrogada en 2009 hasta noviembre de este año.
Previo a la aprobación de la norma la ong Amnistía Internacional consignó que se trata de “un paso positivo” pero “el Estado no debe seguir demorando el reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas”.
Desde la aprobación de la Ley 26.160 ocho años han pasado. El organismo encargado de llevar adelante el relevamiento, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ahora tendrá tiempo hasta noviembre de 2017 para cumplir con la norma.
Desde la organización internacional sostuvieron que “en los 8 años transcurridos desde la declaración de emergencia original, es poco lo que se ha avanzado con el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas”.
“Este relevamiento es un paso previo imprescindible para que las comunidades indígenas puedan obtener los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, derecho reconocido por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994”, agregaron desde la ong.
El año pasado, en ocasión del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó a la Argentina mejorar la situación de las minorías indígenas y señaló específicamente la necesidad de expedir los correspondientes títulos de propiedad sobre las tierras ancestrales.
“La falta de reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales constituye una violación al derecho a la igualdad y no discriminación contra las comunidades indígenas. El Estado argentino debe garantizar que puedan vivir en sus tierras ancestrales sin sufrir amenazas de desalojos, ataques o intimidaciones”, concluyeron desde la organización.