La iniciativa ya fue probada con éxito en varias provincias, y por ejemplo, su efectividad llevó a que se hiciera obligatorio su uso en Santiago Del Estero: los botones antipánico resultaron una herramienta de rápida intervención ante problemas de violencia de género, y su distribución corre por cuenta de Poder Judicial.
La provincia de Buenos Aires dio un primer paso en este sentido, debido a que la Cámara Baja dio media sanción a un proyecto de ley presentado por Karina Nazábal (FpV), en el que se prevé que la entrega del dispositivo sea obligatoria y funcione bajo el pedido de la persona víctima de la violencia doméstica y de género o bien del fiscal que participe de la causa ante el juez de Garantías.
El aparato contará con un grabador de sonido y voz que se activará de forma automática apenas la víctima apriete el botón. Todo lo registrado por el aparato en ese momento podrá ser utilizado como una prueba durante el proceso.
La diputada señaló que de esta forma buscan soluciones efectivas a una problemática que, al menos en las estadísticas relativas a las denuncias realizadas, parece crecer, aún a pesar de la difusión que tuvo a nivel mediático.
En los fundamentos de la propuesta, la legisladora destacó que “el flagelo de la violencia domestica, tiene determinadas causales. Ello no es una problemática exclusiva de la Republica Argentina, sino que la violencia domestica es ya un problema mundial. La violencia de género muta, cambia, y ahora además produce muertes”.
“Las sociedades con sus instituciones realizan esfuerzos para que la epidemia sea detenida. Las estadísticas disponibles en la materia son más que preocupantes en nuestro país; cada año más de cuatro millones de mujeres son víctimas de alguna forma de violencia ya en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Según un informe presentado por la Asociación Civil “La casa del Encuentro” durante el año 2011 se registraron un total de 282 casos de femicidio, es decir una mujer cada 31 horas murió víctima de cuestiones de género”, consignó Nazábal.
Tomando estadísticas de la provincia, la diputada señaló: “Es dable observar entonces, que las medidas protectivas impuestas por Jueces de Familia, o incluso por Jueces de Garantías dentro del marco de una investigación penal pueden dar resultado, en tanto y en cuanto el violento se someta a las decisiones judiciales y a las reglas del proceso. Aquellos que sufren patologías psíquicas más severas de ordinario no respetan esas decisiones e intentan de cualquier forma continuar generando actos violentos contra su víctima”.
Por eso el proyecto apunta a extremar las medidas que se pueden tomar en este sentido, de modo que en la práctica tanto los jueces que deben brindar la autorización como las víctimas que lo soliciten puedan acceder a una pronta respuesta.
dju
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