Según fuentes del Ministerio de Salud, en el escrito de apelación se solicita la incompetencia del juzgado interviniente y se recusa a la magistrada del fuero de la Seguridad Social Adriana Lucas, quien había hecho lugar al amparo y suspendido los efectos del reglamento del Poder Ejecutivo.
El recurso fue presentado ante el juzgado de feria de Lucas y estuvo a cargo de cuatro organismos gubernamentales que unificaron su personería para cuestionar la medida. Aunque fue firmado por el Procurador del tesoro, Ernesto Marcer, y por la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Viviana Bompland, la apelación también contó con el aval de la Superintendancia de Salud, de la cartera de Trabajo y de la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP).
Para rechazar la medida cautelar, el Gobierno argumento que “el Poder Ejecutivo estaba facultado” para dictar el decreto de necesidad y urgencia “porque hubo motivos que así lo exigieron”, según declaró Carlos Amestoy, Gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Precisamente Amestoy cuestiona los fundamentos esgrimidos por Lucas en su resolución y plantea su incompetencia por la materia, ya que según la opinión del Gobierno no se trata de un tema que recaiga en la jurisdicción del fuero de la Seguridad Social.
A través del escrito, el Gobierno solicitó también la recusación de Lucas por prejuzgamiento, al considerar que la decisión fue tomada “inaudita parte”, es decir, sin que sea escuchada una de las partes.
A pesar de las amenazas del Ministro de Salud, Héctor Lombardo, el Gobierno no impulsó hasta ahora ninguna presentación contra la juez en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, sí fueron solicitadas copias completas del expediente para analizar si se promueve alguna acción para acusar a Lucas.
Según el Gobierno, la juez se había excedido en sus funciones “al haber tomado una causa que no corresponde a su fuero”. De todas formas, desde el Consejo aseguran que las cuestiones de competencia no son dirimidas en ese organismo sino, en todo caso, en la Corte Suprema”.
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05/01/2001