El titular de la Cartera, Hector Lombardo había anticipado que junto a la apelación de la medida que concretaron ayer el gobierno iba a pedir el juicio político de la juez. Un recurso que lamentablemente se está convirtiendo en habitual cuando a alguien "no le gusta" un fallo judicial.
Sin embargo, el abogado Carlos Amestoy, gerente de Superintendencia de Servicios de Salud, quien ayer presentó un escrito de apelación a través del cual recusaron a la juez, indicó que están a la espera de que “se resuelva la petición” de juicio político, pero reveló que se consultará a la entidad que nuclea a los jueces y a la cámara, como paso previo.
El letrado, ante una consulta concreta de Diariojudicial.com respecto de la presentación anunciada por Lombardo ante el Consejo de la Magistratura -órgano que se encuentra ahora en plena feria judicial- dijo que “aún no se ha realizado ninguna presentación ante el Consejo”.
“Pedimos fotocopias certificadas para estudiar la actuación de la juez por haber habilitado la feria judicial de Enero”. La magistrada interrumpió el receso judicial de verano para suspender el decreto que disponía la desregulación de las Obras Sociales, firmado por el Presidente de la Nación Fernando de la Rúa el 29 de diciembre del año pasado.
Amestoy también señaló, ante la posibilidad de un pedido de juicio político a Lucas, que “todavía esa circunstancia no se dio” y que “pedimos la intervención a la Superintendencia del Poder Judicial, por irregularidades procesales de la magistrada”. “También se solicitará a la cámara correspondiente o a la Asociación de Magistrados, estudiar la conducta de la juez Lucas, por haber habilitado la feria judicial”, disparó el letrado.
El Ministerio de Salud planteó ayer la nulidad de lo actuado por cuestiones de incompetencia y solicitó que se anule el fallo de la magistrada. El escrito de apelación que fue presentado ante el juzgado de feria de Seguridad Social, fue firmado por Viviana Bompland, quien se desempeña en el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, el Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, el Ministerio del Trabajo y la AFIP.
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