La Corte Suprema le envió una nota al Consejo de la Magistratura, para que le informe si había presupuesto para tomarles juramento a los jueces nombrados para integrar la nueva Cámara de Casación en lo Criminal. En caso afirmativo, los jueces exigieron que se adopten las medidas necesarias para habilitar al nuevo Tribunal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una nota, le requirió al Consejo de la Magistratura de la Nación que informe con carácter urgente, si había presupuesto para tomarle juramento a los jueces designados para conformar la nueva Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, y si se contaba con la infraestructura edilicia necesaria para su eventual habilitación.
El pedido fue realizado por medio de una nota, suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, en el marco del expediente nº 7160/2013.
La nota comenzó relatando que en las actuaciones, los jueces designados por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional solicitaron que se disponga “de los medios necesarios para que se les reciba juramento de ley en la función para la cual fueron constitucionalmente investidos”, entre otras cosas, para poder nombrar a los empleados del tribunal, confeccionar los reglamentos internos.
Asimismo, la nota recordó que a través de la resolución n° 411/2010 del Consejo de la Magistratura, se aprobó el concurso n° 220/2008 y se conformó la terna y las listas complementarias para cubrir diez cargos de vocal en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital, que se elevaron al Ministerio de Justicia de la Nación.
Los pliegos fueron posteriormente aprobados por el Senado de la Nación en julio de 2013 y los magistrados, entre los que se destacan María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzzone y Luis Niño, Horacio Dias, Pablo Jantus y Héctor Margariños, fueron designados por el Poder Ejecutivo Nacional como jueces de la Cámara en noviembre de 2013.
Luego del repaso de los hechos que motivaron la comunicación, los ministros le manifestaron al Consejo que el Máximo Tribunal “por principio, procede a la habilitación de tribunales y a disponer la toma de juramento de los jueces designados -con la consiguiente puesta en posesión del cargo (conf. art. 7 del decreto-ley 1285/58 y 16 del Reglamento para la Justicia Nacional)-, cuando existen las condiciones necesarias para su pleno funcionamiento, esto es los recursos presupuestarios y de infraestructura edilicia cuya provisión corresponde al Consejo de la Magistratura”.
“La ingente competencia atribuida a la nueva cámara (art. 2 de la ley 26.371)”, afirmó la Corte, que implica la creación de una nueva instancia, “obliga, con mayor énfasis, a adoptar los recaudos indispensables a los fines de que su puesta en marcha permita el ejercicio de esa competencia”.
En caso de existir el presupuesto necesario, la Corte exhortó al Consejo “a adoptar las medidas tendientes a avanzar con tales extremos a fin de proceder a la habilitaci6n del mencionado Tribunal”.