Sin embargo, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, anunció ayer con ánimo de calmar el ambiente que las dos gaditanas supuestas autoras del asesinato tendrán vigilancia policial, aunque no es el único caso de menores acusados de homicidio que se verán beneficiados por la nueva situación.
Raquel C.T. e Iria S.G., de 16 y 17 años respectivamente, supuestamente mataron a puñaladas en mayo último en la ciudad de San Fernando, Cádiz, a su compañera de colegio después de llevarla a una zona apartada de la localidad.
Según explicó Cardenal, la puesta en libertad de las dos acusadas se producirá el sábado porque ya ha transcurrido el plazo máximo de seis meses de internamiento provisional previsto en la nueva norma, que se aplicará como ley más benigna en favor del reo. “El fiscal debe pedir que salgan del centro carcelario en el que se hallan e interesar del juez una medida de libertad vigilada para que estas menores estén permanentemente controladas por un policía y con los medios que se consideren adecuados para ello”, dijo.
El fiscal general del Estado expresó su confianza en que el juicio por este caso se celebre cuanto antes. “No creo que vaya a tardar mucho, porque la causa es bastante sencilla. En caso tan grave como éste se puede pedir hasta 8 años de internamiento”. Según informó la agencia de noticias Europa Press, las dos adolescentes podrán salir 15 ó 20 días hasta que se celebre el juicio y volverán otra vez a un centro cerrado, no para cumplir una pena, sino una medida de internamiento como corresponde a su edad.
Mientras tanto, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del país ibérico, Carlos Lesmes, adelantó ayer que el Consejo de Ministros –simil del Gabinete argentino- aprobará hoy la creación de 129 nuevas plazas de fiscales de menores, de las cuales 15 serán para Madrid, que pasará a tener 20 del total de 200 fiscales de menores que habrá en toda España.
Lesmes aclaró que “la competencia del Ministerio de Justicia es dotar de medios a la Administración de Justicia, pero la Ley del Menor establece que la ejecución de la medida impuesta por los juzgados de menores, que es rehabilitadora, es competencia de las comunidades autónomas”, porque la ley tiene un contenido social y no penitenciario “y las comunidades autónomas asumieron hace ya muchos años competencias en materia de protección y reforma de menores”.