La Legislatura de la Ciudad ya tiene en su poder el pliego de Diego Farrell para ser juez de primera instancia en lo Contencioso (CAyT) porteño. El hoy funcionario judicial era director de Habilitaciones y Permisos de la ciudad cuando en 2010 el derrumbe del boliche Beara causó dos muertes. El fiscal pidió su indagatoria por cuarta vez.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad envió a la Legislatura de la Ciudad el pliego de Diego Martín Farrell para ser juez de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño.
El pliego fue dirigido a presidencia de la Legislatura y ahora deberá pasar por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismo de Control encargada del proceso del pliego en el organismo. La junta está presidida por el diputado Jorge Garayalde (Pro).
Farrell pudo acceder a ser uno de los candidatos más allá de haber quedado en el puesto 15 del orden de mérito del concurso. Es porque una clausula tránsitoria mantuvo el orden de mérito y con la llegada de Inés Weinberg de Roca al TSJ de la ciudad y su reemplazo en la Cámara CAyT y luego Fabiana Shafrik, se abrió su lugar.
Por otra parte, el candidato a juez se encuentra investigado por la Justicia por el derrumbe del boliche Beara ocurrido en septiembre del año pasado y que dejó como saldo dos jóvenes muertas.
Farrell era director de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad cuando ocurrió la tragedia y en las últimas horas el fiscal Andrés Madrea insistió con la indagatoria de otros ex funcionarios porteños, funcionarios policiales y empresarios implicados en el derrumbe.
El fiscal pidió por nuevamente (por cuarta vez) a la jueza de instrucción Alicia Iermini la indagatoria de los ex funcionarios Farrell, Pablo Saikaukas y Norberto Cassano. La solicitud también alcanza a los empresarios Carlos Mustapich, Isaac Rasdolsky, Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria, Iván Andrés Fliess, Ronaldo Fliess y Agustín De Grazia.
El fiscal solicita además que se indague a los gestores Leandro Camani y Matías Pantarotto y a los comisarios de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y Luis Acosta; los subcomisarios Osvaldo Bachmann, Guillermo Erdman, Julio González, Claudio Lorenzo, Gustavo Lombardo y el sargento Gustavo Flamino.
Les atribuye “el haber intervenido y/o celebrado un acuerdo espurio, concretado con la entrega de dinero periódico y/u ocasional, con los máximos responsables y/o agentes de la Policía Federal Argentina” y que “al menos puede circunscribirse dentro del ámbito de actuación de la Seccional 25 de la Policía Federal Argentina durante el periodo 2007/2010, esto es desde el comienzo de la actividad de Beara”.
Respecto de los jefes policiales entiende que "omitieron controles y deberes que les competen por ley debido a los cargos y funciones que revisten, subvirtiendo así el poder de policía que ostentaban a modo de facilitar, evitar detectar, hacer cesar o sortear la ocurrencia de irregularidades".