Los defensores del ex militar, quien se desempeñaba en México, al frente del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), manifestaron su confianza en que la cancillería mexicana rechazará la extradición. "Si la Secretaría de Relaciones Exteriores destina un equipo de juristas para analizar la opinión del juez, podemos esperar un fallo muy positivo", aseguró el abogado Benjamín Orozco. El letrado también señaló que en el fallo del juez Luna, podría encontrarse por lo menos 20 puntos "inconsistentes", en los que la defensa no está de acuerdo.
El pedido de extradición fue realizado por la Procuraduría General de la República (PGR), a petición del juez español Baltasar Garzón, a fin de poder enjuiciar a Cavallo como presunto responsable de la comisión de delitos de genocidio y terrorismo. Cavallo, quien se desempeñó en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue incluido por el magistrado español en una lista de 99 militares argentinos acusados por torturas, genocidio y terrorismo durante la dictadura. El ex militar fue detenido en México el 24 de agosto del 2000, cuando intentaba regresar a la Argentina luego de que informaciones periodísticas lo señalaran como ex miembro de los grupos de tareas, que participaron de la represión de la última dictadura militar.
En nuestro país, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su “profunda satisfacción por el fallo de la justicia mexicana, en la decisión de otorgar la extradición a España de represor Cavallo, para que sea juzgado por los secuestros, torturas y desaparición forzada de personas en el último gobierno militar en la Argentina”.
El CELS, también señaló la necesidad de que “la cancillería de ese país ratifique la misma voluntad por lograr verdad y justicia, ajustando su resolución al consenso internacional que exige establecer las bases institucionales de toda sociedad democrática a partir del principio de justicia”.
“La decisión del juez Luna, es un paso más en la lucha contra la impunidad; es el resultado del trabajo de la comunidad internacional en su búsqueda por lograr que los Derechos Humanos dejen de ser sólo un discurso y se transformen en realidad, mediante acciones y determinaciones concretas de los Estados”.