La primera mujer que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, falleció este sábado por la tarde, después de una semana en la que sus complicaciones de salud aumentaron notoriamente. Tenía 74 años.
En febrero de 2005, Carmen Argibay asumió una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde entonces, la violencia doméstica y las cuestiones de género lograron introducirse con mayor convicción en el ámbito de la Justicia. “Creo en las libertades individuales, en las garantías constitucionales y en los derechos humanos. Si eso es ser de izquierda, entonces soy de izquierda”, declaró en 2003 cuando comenzó el proceso de selección que la convertiría en vocal del Máximo Tribunal nacional.
Este sábado, 9 años después de ese momento y con 74 años de edad, la magistrada, especialista en Derecho Penal, falleció. A las 14, los médicos del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) dieron la noticia. Desde su internación el primero de mayo, donde debió ser alojada en terapia intensiva, las cosas se complicaron y su estado de salud se deterioró. Su ingreso al hospital se debió a un efisema pulmonar.
Argibay fue presa política durante la última dictadura militar de nuestro país, y una vez que esa situación culminó, se dedicó a la práctica privada de abogacía. Fue nombrada jueza en junio de 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Formó parte del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenara en diciembre de 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se sometieron mujeres de distintos países a la esclavitud sexual. En junio de 2001 fue nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Volvió al país para integrar la Corte Suprema.
La magistrada, que fundó la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, se declaraba “atea militante” y fue una de las promotoras de la iniciativa que proponía sacar los crucifijos de las oficinas de la administración de Justicia. “Yo nunca tuve un crucifijo en mi despacho porque soy una funcionaria de un Estado laico”, afirmó en septiembre de 2010, y sentenció: “Tener un símbolo religioso condiciona”.
En otro de los debates que propuso desde su posición y que tuvieron una gran repercusión mediática, Argibay pidió que “reconozcamos que el aborto es algo que existe”, para luego pronunciarse a favor de la legalización de esta práctica que consideraba “de decisión” para las mujeres.
La jueza relanzó esta discusión en septiembre de 2009, pocos días después de que la Corte diera a conocer su posición ante la tenencia de marihuana para consumo personal en el precedente “Arriola”. En un simposio realizado en Córdoba por la agrupación “Católicas por el Derecho a Decidir”, declaró: “La dignidad de las mujeres pasa por la posibilidad de igualdad de oportunidades; que no sea una obligación ser madre necesariamente”.
“Un niño debe ser una bendición, no una carga. Y eso es lo que pasa cuando una mujer no puede decidir si sigue o no el embarazo. Se le impone una carga, un castigo”, señaló en esa oportunidad, confirmando el temor que tenían los sectores conservadores que se opusieron a su pliego durante la etapa de selección llevada a cabo en el Senado de la Nación. Hasta que pudo, Argibay siguió impulsando sus ideas.
También generó discusiones que calaron profundo en el ámbito político: en julio de 2007 se pronunció en contra de la declaración de inconstitucionalidad del indulto que favorecía al ex general Santiago Riveros, acusado por su rol en el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar de nuestro país y ocupando el cargo desde 1975. “Puedo separar Justicia de lo que es venganza”, precisó en declaraciones a medios nacionales en esa ocasión.