22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

La edad oscura de la Alcaída de Tribunales

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 condenó a ocho años de prisión a dos penitenciarios por torturas a presos ocurridas en la Alcaldía del Palacio de Tribunales en 2010. Los detalles.

 

El Tribunal Oral en lo Criminal N°9, con las firmas de Luis María García, Ana Dieta de Herrero y Fernando Ramírez, condenó a ocho años de prisión a los dos penitenciarios acusados de torturas en la cárcel que se encuentra en el Palacio de Tribunales.

Se trata de los agentes Héctor Miguel Aguilar y Jorge Raúl Rolón, por la imposición de torturas en agosto de 2010 a un detenido en la Alcaidía del Palacio de Tribunales.

La agresión se produjo en la madrugada del 6 de agosto de 2010, durante el traslado desde el Cuerpo Médico Forense a una celda de la Unidad 28, la cárcel del Palacio.

La víctima relató que en agosto de ese año fue trasladado desde la cárcel de Marcos Paz y que en la Alcaidía se encontró con policías uniformados que lo identificaron con otra causa y lo acusaron de “mandar en cana” a un colega suyo”, explicaron desde la Defensoría General de la Nación que representa a la víctima a través del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico.

El joven, entonces, fue alojado solo, en una celda destinada a detenidos provenientes de la cárcel de Ezeiza. Tras reclamar a gritos su reintegro a Marcos Paz, los penitenciarios lo desnudaron, lo esposaron y lo golpearon.

"Procedieron a desvestirme y arrojarme al suelo, para luego aplicarme golpes en distintas partes del cuerpo, mientras Rolón me introducía un palo de goma en el ano", contó la víctima en el juicio.

Los jueces coincidieron con la calificación del hecho pedida por el fiscal Julio César Castro y el fiscal contra la violencia institucional (PROCUVIN) Abel Córdoba. Aunque la condena fue de 8 años y no de 15 como habían pedido.

“En la elevación a juicio, el hecho estaba calificado como apremios ilegales, delito por el que el Código Penal prevé una sanción de uno a cinco años de prisión o reclusión. Sin embargo, durante su alegato Castro y Córdoba formularon la acusación por torturas, figura a la que finalmente se acogieron los magistrados”, explicaron desde la Procuración General.

 



dju
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