“Trabajamos en la reforma integral de la Justicia, la prevención del delito, la mejora del sistema federal de cárceles, el resguardo y la profundización de los derechos humanos, el impulso a políticas de transparencia y en la lucha contra la corrupción”, dijo el ministro ante sus pares.
El Programa Integral de Reforma Judicial que inició su antecesor Ricardo Gil Lavedra incluye el Programa de Juzgado Modelo (PROJUM), la informatización del fuero de la Seguridad Social, el traspaso de competencias entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la redacción, impresión y distribución de manuales de acceso a la Justicia para todo público.
De la Rúa además destacó que los Proyectos de ley de unificación de Código Civil y Comercial, de ley para la Adjudicación de tierras a comunidades aborígenes, de firma digital, reglamentario de la Ley de Lavado de Dinero, de la de Protección de Datos Personales y el impulso a la modificación de la Ley del dos por uno son los principales puntos de su agenda legislativa.
En el ámbito de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor adelantó que buscará “transparentar y optimizar el servicio”. “En este camino ya se han reducido los aranceles y modificado los requisitos para la designación de encargados de registros y se ha suspendido la creación y designación de encargados de registros efectuados en el último trimestre de gestión del gobierno anterior”, destacó De la Rúa.
En cuanto al ámbito de la Política Criminal, el hermano del presidente dijo que “los mayores esfuerzos estarán en el Plan Nacional de Prevención del Delito”, tarea que ya se inició en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Según adelantó a sus pares en la reunión de Gabinete, el jefe de la cartera de la calle Sarmiento dijo que prevé la construcción de nuevas cárceles federales en Salta, Coronda, Mercedes; la ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz y también la demolición de la cárcel de Caseros.
Respecto de la Política de Derechos Humanos, área que está a cargo de la subsecretaria Diana Conti, aseguró que su defensa “debe entenderse no sólo en relación con el duro pasado que vivió Argentina, sino sobre todo como una tarea enriquecedora y nueva, que es su ampliación y profundización en todo el ámbito del territorio nacional”.
En relación con la Oficina Anticorrupción, quizás el área del Ministerio que más atención generó durante el primer año de gestión aliancista, con las acusaciones del propio ex presidente Carlos Menem de ser un organismo “represor”, De la Rúa remarcó la importancia del desarrollo de una base de datos de personas físicas y jurídicas denunciadas por actos de corrupción, el proyecto de ley de Gestión de Intereses (lobby), el proyecto de ley de Acceso a la Información y el proyecto de ley de Protección de Testigos que denuncien casos de corrupción.