Numerosos son los que se plantean contra las empresas privatizadas de Servicios
Públicos, entre las más afectadas son Aguas Argentinas y las dos telefónicas que
monopolizaron el servicio hasta fín de año: Telefónica y Telecom. Los usuarios
se quejan de irregularidades en las facturaciones de los servicios, pero en el caso
de la primera se le agregan los accidentes permanentes que afectan a los automovilistas
por los baches que abren pérdidas de agua en la vía pública y que no son reparados
ni por la empresa, ni por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es
que la continuidad de estas irregularidades -pese a las cuantiosas ganancias que
permitiría a las empresas atender estos reclamos- ha generado una ola de juicios
que de prosperar se convertirán en reclamos millonarios y darán nacimiento a una
verdadera industria del juicio, de la misma manera como ourrió con los accidentes
que ocasionaba el ferrocarril cuando estaba en manos del Estado. Claro que en aquellas
épocas, se hacía con connivencia (supuesta) de los abogados demandantes y sus colegas
estatales. Es de esperar que ahora no ocurra lo mismo aunque los responsables
jurídicos de las empresas privatizadas y los forjadores de imagen debieran atender
el problema que amenaza con transformarse en grave.
hugo morales / dju
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