El juzgado en lo civil y comercial federal nº 6 en feria, a cargo de Francisco de Asís Soto, debió reiterar el último viernes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) la orden para que le brinde, "al menos durante algunas horas del día", un acompañante terapéutico de asistencia personal a Rodolfo Gramont, un hombre de 45 años que espera un doble transplante en el hospital Cosme Argerich. La decisión de Asís Soto incluye astreintes y la amenaza de pasar las actuaciones a la justicia penal.
"Teniendo en cuenta lo informado por el hospital Argerich y el estado de salud del paciente, como así también las especiales características de las dolencias que padece, deberá la demandada arbitrar las medidas necesarias para que el accionante cuente, al menos durante algunas horas del día, hasta tanto reciba el trasplante que está esperando, con un acompañante terapéutico de asistencia personal", dispuso el juez en su resolución.
Así, el magistrado debió reiterar la notificación, ya que el INSSJP no dio pleno cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la Justicia con anterioridad. La orden al PAMI la había dado el juez Rodolfo Raúl Torti el 17 de noviembre del año pasado, otorgando un plazo de 24 horas para su cumplimiento.
Ahora, dos meses más tarde, el juez Asís Soto ni siquiera exige que el acompañante terapéutico preste sus servicios más que durante "algunas horas del día". Gramont "es un hombre sumamente carenciado y sin vínculos familiares", según explicó su abogado, Carlos José Díaz.
Cuando Torti ordenó el cumplimiento de la medida cautelar, Díaz había dicho a Diariojudicial.com que, de mantenerse el incumplimiento, se pediría el traslado de la causa a la Justicia penal, "reclamando que se investigue si los responsables incurrieron en los delitos de abandono de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a la orden del juez". Después de más de sesenta días es ahora el juez de feria el que amenaza con dar intervención al fuero penal e impone astreintes. Diaz manifestó que, de pasar la causa al fuero penal, la responsabilidad se investigaría "de Polak para abajo", en alusión a Federico Polak, actual interventor del PAMI.
La asistencia terapéutica fue además ordenada por los médicos del hospital Argerich para los momentos previos al doble trasplante, que le permitiría a Gramont solucionar sus dificultades hepáticas y renales.
"Nadie le exige al PAMI que cumpla con lo que dispone el médico tratante", se quejó hoy Díaz a Diariojudicial.com, y agregó: "La pelea es de fondo porque hay que respetar lo que dicen los médicos; queremos enseñarle al PAMI que el que dirige el tratamiento es el médico y no ellos".
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