El juzgado en lo civil y comercial federal nº 6 en feria, a cargo de Francisco
de Asís Soto, debió reiterar el último viernes al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) la orden para que le brinde,
"al menos durante algunas horas del día", un acompañante terapéutico de asistencia
personal a Rodolfo Gramont, un hombre de 45 años que espera un doble transplante
en el hospital Cosme Argerich. La decisión de Asís Soto incluye astreintes y
la amenaza de pasar las actuaciones a la justicia penal.
"Teniendo en cuenta lo informado por el hospital Argerich y el estado de salud
del paciente, como así también las especiales características de las dolencias
que padece, deberá la demandada arbitrar las medidas necesarias para que el
accionante cuente, al menos durante algunas horas del día, hasta tanto reciba
el trasplante que está esperando, con un acompañante terapéutico de asistencia
personal", dispuso el juez en su resolución.
Así, el magistrado debió reiterar la notificación, ya que el INSSJP no dio pleno
cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la Justicia con anterioridad.
La orden al PAMI la había dado el juez Rodolfo Raúl Torti el 17 de noviembre
del año pasado, otorgando un plazo de 24 horas para su cumplimiento.
Ahora, dos meses más tarde, el juez Asís Soto ni siquiera exige que el acompañante
terapéutico preste sus servicios más que durante "algunas horas del día". Gramont
"es un hombre sumamente carenciado y sin vínculos familiares", según explicó
su abogado, Carlos José Díaz.
Cuando Torti ordenó el cumplimiento de la medida cautelar, Díaz había dicho
a Diariojudicial.com que, de mantenerse el incumplimiento, se pediría el traslado
de la causa a la Justicia penal, "reclamando que se investigue si los responsables
incurrieron en los delitos de abandono de personas, incumplimiento de los deberes
de funcionario público y desobediencia a la orden del juez". Después de más
de sesenta días es ahora el juez de feria el que amenaza con dar intervención
al fuero penal e impone astreintes. Diaz manifestó que, de pasar la causa al
fuero penal, la responsabilidad se investigaría "de Polak para abajo", en alusión
a Federico Polak, actual interventor del PAMI.
La asistencia terapéutica fue además ordenada por los médicos del hospital Argerich
para los momentos previos al doble trasplante, que le permitiría a Gramont solucionar
sus dificultades hepáticas y renales.
"Nadie le exige al PAMI que cumpla con lo que dispone el médico tratante", se
quejó hoy Díaz a Diariojudicial.com, y agregó: "La pelea es de fondo porque
hay que respetar lo que dicen los médicos; queremos enseñarle al PAMI que el
que dirige el tratamiento es el médico y no ellos".
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