04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Brevatas

Citan a indagatoria al titular de Casación bonaerense por la causa AMIA | Recapturan a represor fugado de Tribunales | Trata de personas: cinco personas fueron procesadas en Mar Del Plata

 

AMIA: Citaron a indagatoria a juez del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires

Lo resolvió el titular del Juzgado en lo Crminal y Correccional n° 4, Ariel Lijo. El magistrado decidió llamar a prestar declaración indagatoria al presidente del Máximo Tribunal penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez, por presuntas irregularidades en la tramitación de la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en julio de 1994. Dominguez, quien había actuado en la causa como abogado defensor de un ex policía bonaerense cuya participación en el atentado a la mutual judía se estaba investigando, habría ejercido presión y ofrecido dinero para que algunos de los imputados declaracen en contra de otros oficiales, los que posteriormente fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal n° 3. La audiencia estaría prevista para el próximo 6 de agosto.

Se fugó de Tribunales, lo recapturaron

El represor Alejandro Lawless, fue recapturado por la delegación argentina de Interpol en el barrio de Liniers. Lawles está acusado de delitos de lesa humanidad y buscado desde noviembre del año pasado, cuando logró fugarse durante a un traslado a la alcaldía de Tribunales en noviembre del año pasado. Fue detenido mientras transitaba por la calle Ramón L. Falcón al 7100 por personal de la Sección Investigación Federal de Fugitivos de Interpol.

Cinco procesados por trata de personas
 
El juez federal Santiago Inchausti procesó a cinco personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, tres de ellas con prisión preventiva y dos que cuentan con su libertad. Las víctimas eran mayores de 18 años, y el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de Mar Del Plata también ordenó que se les trabe un embargo por un millón de pesos. La investigación fue llevada a cabo gracias a una denuncia recibida de forma anónima realizado a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación.


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