Los diputados justicialistas Miguel Angel Pichetto y María Lelia Chaya, presentaron un dictamen acusatorio en una de las últimas reuniones de la Comisión -antes de comenzado el receso judicial de enero- contra Leiva por 10 de los 15 pedidos de juicios políticos que pesan en su contra. Entre ellos, se le imputan haberse quedado con la causa del Banco Mendoza, cuando supuestamente no tenía competencia.
Según pudo adelantar una alta fuente del Consejo de la Magistratura “la causa contra los jueces Leiva y Liporaci (Carlos) son excluyentes” de cualquier otro tema previsto en la agenda del cuerpo para su primer reunión del año 2001.
El juez Leiva compareció ante la Comisión de Acusación cuando éste cuerpo lo citó a declarar, oportunidad en que pasó de ser “acusado” a “acusador”. Es que en sus explosivas declaraciones no se privó de involucrar a jueces federales. El juez mendocino disparó en esa oportunidad contra su par porteño Carlos Liporaci, a quien acusó de ser “uno de los eslabones de la arquitectura judicial para realizar el salvataje de (Raúl) Moneta” el ex banquero procesado por Leiva cuando investigaba la causa de la caída del Banco Mendoza. En ese marco, el magistrado señaló a Moneta como el personaje que “controlaba a los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Gustavo Literas, Liporaci, y los camaristas Riva Aramayo y Horacio Vigliani”.
En ese momento, fue la diputada Chaya –que comparte la postura de Pichetto en esta causa- quien aseguró que “Leiva tenía la obligación de haber denunciado esos hechos en su momento, sino se convierte en un encubridor”.
Ambos legisladores fundamentaron su dictamen en torno a 10 de los cargos que se le imputan a Leiva y que configuran el presunto mal desempeño en su función. Entre ellos, el expediente que tuvo como principal implicado al ex banquero Raúl Moneta por las presuntas figuras delictivas de “subversión económica”, por el cierre de los Bancos Mendoza y República.
En dicha causa, le cuestionaron al magistrado federal el presunto “manejo” que habría realizado para quedarse con la causa del Banco Mendoza en la que aparentemente había realizado un trámite calificado como “anormal” para retener la competencia del expediente que la Corte Suprema le adjudicó al juez federal Gustavo Literas, ante un planteo de la defensa de Moneta.
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