La contratación de servicios tercerizados de limpieza con un número de trabajadores que no coincide con el relevado por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN); demoras en la puesta en funcionamiento de edificios cuyo alquiler tiene un precio sumamente elevado; inmuebles contratados que, finalmente, solo servían para alojar expedientes. Todos estos hechos fueron parte de las presuntas irregularidades denunciadas por el abogado Ricardo Monner Sans, quien apuntó contra el Consejo de la Magistratura de la Nación por la administración de estos fondos.
El abogado brindó a Diario Judicial la denuncia que llevó a cabo ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, cuyo titular es Daniel Rafecas. El denunciante, conocido por sus múltiples denuncias de corrupción en la administración pública solicitó en Comodoro Py que se investiguen los fondos del Consejo por la “discrecionalidad” con la que se manejan los fondos de la Justicia “puede no ser ajenos a conductas tipificadas por el Código Penal”.
Después de la presentación realizada, el fiscal Patricio Evers solicitó al juez Rafecas medidas de prueba, buscando de esta forma impulsar una causa penal donde se investigarían estas presuntas irregularidades.
Asimismo, Diario Judicial habló con los consejeros Mario Cimadevilla, Daniel Ostropolsky y Oscar Aguad (estos dos últimos miembros, a su vez, de la Comisión de Administración) sobre las afirmaciones del letrado, quien hizo señalamientos a las resoluciones que tomaron los integrantes del órgano administrativo del Poder Judicial.
¿Qué paso con los contratos del Consejo la Magistratura de la Nación?
Entre otras cosas, el abogado afirmó que, en el período que va entre 2011 y 2014, se gastaron más de 53.700.000 pesos en el servicio de limpieza, que está tercerizado, repartidos entre seis empresas. Según la información brindada por la UEJN, estas tareas fueron llevadas a cabo por 320 operarios, en discordancia con lo informado de forma oficial por el Consejo, desde donde se afirma que son 560 las personas que llevan a cabo el trabajo.
Monner Sans además recordó un tema que había generado polémica en diversas ocasiones, que es el de la emergencia edilicia que afectó al fuero de la Seguridad Social. El edificio de Lavalle 1441/443, alquilado por tres años con un costo de más de 10 millones de pesos, resultó tener graves problemas para albergar a los juzgados y salas de la Cámara del fuero.
El letrado precisó que este inmueble “es totalmente inadecuado para la instalación de juzgados del fuero de la Seguridad Social, en la medida que solo puede albergar tres juzgados, distribuidos en varias plantas con serias dificultades de circulación para el personal y el público. Prueba de ello es que a meses de vencer el contrato, nunca fue ocupado y solo sirve de depósito de expedientes”.
Un tema sobre el que abogados del fuero y jueces se manifestaron es el del edificio de Lavalle y Paraná que iba a estar destinado a la Justicia del Trabajo, dado que las obras llevadas a cabo ahí presentaron numerosas irregularidades.
El letrado expresó que “según se sabe, el edificio no tendría final de obra, sería absolutamente inhabitable, carecería de ascensores, no tendría la más mínima aptitud para albergar juzgados y sólo sirve para refugio de indigentes que logran algo de reparo respecto de las inclemencias del invierno y de los sofocos del verano”.
Cimbronazo en el Consejo
Ante esta situación, el consejero-senador de la UCR Mario Cimadevilla afirmó a Diario Judicial que “hemos llevado a cabo presentaciones con observaciones por los contratos que se mencionan en la denuncia, hay muchas cosas que no nos han quedado claras. En su momento, por ejemplo, también hicimos un señalamiento por las computadoras, ya que se habían comprado de más para stockearlas, a sabiendas de que esto puede ocasionar que el producto pierda su valor”.
“Hicimos observaciones sobre alquileres, compras, y ahora un fiscal pidió los antecedentes del caso que mencioné. Está bien que se pongan estas cuestiones de manifiesto, y si hay que investigar algún caso en particular, que se haga”, afirmó el consejero.
Por su parte, el abogado-consejero del interior Daniel Ostropolsky consignó que “en los temas señalados por Monner Sans me he mostrado con una postura contraria durante su debate en Comisión, y siempre he estado en completa soledad ante los reparos que presenté con estos asuntos. Todo esto consta en las actas de la Comisión (de Administración)”.
El consejero, además de brindar detalles de cada discusión que llevó a cabo por todos los temas que fueron mencionados en la denuncia, indicó que “lo que no puedo ratificar es si estas denuncias configuran un delito o simplemente fueron una mala decisión de la Comisión, ratificada después por el Plenario”.
En tanto, el diputado radical Oscar Aguad señaló que "no creo que existan irregularidades en estos temas, pero de todas formas la Justicia tiene la denuncia, el asunto se aclarará en el Poder Judicial y se despejarán las dudas con respecto a esta denuncia".
Con respecto a los señalamientos hechos sobre la Comisión de Administración, el consejero precisó que este órgano "sólo hace un control formal de los gastos centrales, no puede imputársele nada directamente. Pueden haber existido malas decisiones administrativas con respecto a algún alquiler, pero de todas formas no creo que sean estos los casos".
El diputado de la Nación santafecino añadió que "he votado en contra de que la limpieza privatizada pase a manos del Estado, pero eso tiene que ver con una simple postura, no con dudas respecto de los fondos utilizados para ello".
dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.