El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge de la Rúa, aseguró hoy que
disminuyó la cantidad de presos en huelga de hambre en las cárceles federales
de todo el país en reclamo de una conmutación de penas, abarcando el 27 por
ciento del total, aunque estimó que el conflicto podría mantenerse en el tiempo,
a la vez que responsabilizó a algunas provincias "que a fin de año dictan indultos
masivos para descomprimir la situación en las cárceles, lo que implica entrar
en un círculo vicioso".
El titular de la cartera de Justicia confirmó hoy en una conferencia de prensa
realizada en su despacho que la cantidad de internos en ayuno se redujo de 2120
esta mañana a 1921 al mediodía. De todas formas, se supo que la decisión de
abandonar la huelga de hambre de algunos de los presos de Devoto tuvo su causa
en el cuidado de su salud, ya que varios de los que volvieron a alimentarse
normalmente son enfermos de sida.
La principal de las exigencias de los huelguistas es por un trato igualitario
con los presos de La Tablada, que se beneficiaron con una reducción en sus condenas
gracias a un decreto presidencial firmado el 28 de diciembre. Sin embargo, Jorge
de la Rúa aclaró que "el Gobierno tiene bien clara su posición, y es que no
hay equivalencia entre ambos casos". Además, aclaró que "no hay ninguna presión",
porque la decisión para los huelguistas de La Tablada obedeció a una recomendación
internacional.
Así, De la Rúa ratificó la posición afirmada ayer a Diariojudicial.com por el
subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Alvaro Ruiz Moreno,
al aclarar "la medida tomada a favor de los presos de La Tablada fue porque
ellos no tuvieron una segunda instancia y siguiendo una sugerencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos", mientras que quienes ahora solicitan la
conmutación "están todos sometidos a proceso con la posibilidad de una segunda
instancia, o ya fueron condenados en esas circunstancias".
El hermano del presidente aseguró a Diariojudicial.com que cuando se decidió
la conmutación de penas para los condenados por el ataque al regimiento de La
Tablada, él "había advertido al Gabinete" que situaciones de estas características
podrían generarse, pero aclaró que "no hay arrepentimiento porque se trata de
situaciones distintas".
Los presos están en el cuarto día de ayuno de sólidos, aunque amenazaron con
comenzar una abstinencia total de alimentos el 5 de febrero si sus reclamos
no son atendidos. Ante esa situación el ministro dijo que "no hay ningún tipo
de instancia de negociación" y que espera "que dejen de hacer la huelga de hambre",
al tiempo que volvió a explicar que "el Gobierno tomó las medidas necesarias
para resguardar la salud de los internos, además de aumentar la seguridad para
resguardar a los bienes y a las personas".
Respecto de la posibilidad de alimentar compulsivamente a los huelguistas, una
situación prevista en el caso de los presos de La Tablada, De la Rúa advirtió
que la alternativa existe, pero que sólo será utilizada "en situaciones extremas",
y que ésta "no tiene esa envergadura".
La cárceles con mayor adhesión al reclamo son la de Devoto, con 1667 reclusos,
y la de General Roca, con 183, a las que se les suma la unidad 3 de mujeres
de Ezeiza (33), Santa Rosa (28), Marcos Paz (38), Rawson (27) y Neuquén (144).
Por su parte en Chaco, esta mañana, 20 presos habían advertido que no recibirían
el almuerzo.
Entre las solicitudes de los presos está también la vigencia de la ley del dos
por uno, que el Gobierno está dispuesto a modificar a través de un proyecto
del secretario de Justicia, Melchor Cruchaga. Consultado sobre el tema por Diariojudicial.com,
De la Rúa aclaró que una posible reforma de la ley no afectará a los presos,
porque "no se podrá aplicar con retroactividad" al no ser más benigna.
En cuanto al resto de los reclamos de los reclusos, que pretenden que se mejore
la situación carcelaria, De la Rúa aseguró que "el Ministerio aspira a mejorar
las condiciones a través de los talleres y de la educación". Acerca de las protestas
por la prolongación de los procesos dijo que "se está colaborando con el Poder
Judicial, en el diseño de un programa para solucionar las falencias de la justicia
correccional y para aumentar la cantidad de jueces de ejecución".
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