La presentación recayó en el juzgado de instrucción 13 a cargo del juez Luis Alberto Zelaya y fue realizada para determinar la responsabilidad de los demandados por el presunto delito de “homicidio culposo”.
Los abogados solicitaron en la presentación que el juez interviniente ordene el allanamiento del Hogar de Ancianos ubicado en la calle Superí al 2200 así como también, en caso de considerarlo necesario, se dicte “la clausura preventiva” y se “traslade con ayuda del SAME a los ancianos aún alojados en el lugar porque podrían correr los mismos riesgos”.
Según indicó Pierri, en la demanda también solicitaron que se llame a declarar al “Director General de Habilitaciones y Clausuras del Gobierno porteño y al inspector de la zona” que realizó las inspecciones de rutina en el geriátrico.
Las medidas solicitadas por los letrados tiene el objeto de determinar si efectivamente el lugar estaba habilitado para ejercer en la zona y de ser así cuales fueron los funcionarios que autorizaron tal habilitación”.
También pidieron al juez que corrobore “las inspecciones a las que fue sujeta la propiedad, si posee las medidas de salubridad y seguridad, sugeridas para ese tipo de explotación y si el subsuelo –lugar en el cual se hallaron las ancianas sin vida- era apto para desarrollar las actividades que allí se llevaban a cabo”.
Por otra parte, los letrados buscarían comprobar si el geriátrico tenía un grupo electrógeno, salida de emergencia, escalera de incendio, equipo de urgencia cardíaca y cuál era el personal médico que estaba a cargo y que figuraba como responsable al momento del deceso de estas personas.