La Senado aprobó por unanimidad el proyecto que prevé la creación de secretarías especializadas contra el tráfico de droga en los juzgados federales de todo el país. El proyecto apuntaba, en un principio, a los órganos del Poder Judicial que trabajaran en provincias con países limítrofes, pero se modificó para que tenga alcance nacional.
Con 51 votos a favor y de forma unánime, el Senado de la nación aprobó este miércoles la iniciativa que prevé la creación de Secretarías de Narcotráfico en juzgados federales de todo el país. Se habían pensado, en principio, para las provincias que limiten con otros países, pero a pedido de la banca de la Unión Cívica Radical el proyecto se hizo extensivo a todo el territorio argentino.
Pedro Guastavino (FpV) se alineó a este razonamiento, afirmando que hay provincias que sin limitar con otros países tienen graves problemas con esta temática, como es el caso de Santa Fe, justificando de esta forma la nueva extensión de la medida.
Solicitando la creación de más juzgados federales, Rubén Giustiniani (FAUNEN) apoyó la propuesta, y afirmó que esta decisión es un "paso adelante". En tanto, Ernesto Sanz relató en el recinto la experiencia que recogieron con otros legisladores al recorrer juzgados de provincias que limitan con otros países, afirmando que allí notaron que la necesidad de estas secretarías es "imperante".
Los fundamentos de la iniciativa explican que “el autor mexicano Eduardo Andrade Sánchez resalta que el hecho de que un inconveniente grave en la lucha contra este tipo de delincuencia es su gran capacidad organizativa, frente a cuerpos policiales que actúan sin coordinación, con procedimientos heterogéneos, con entrenamiento y capacitación desiguales, y con prioridades y programas fuertemente desarticulados”.
“Este proyecto pretende ser una respuesta en la investigación, prevención y persecución de carácter legal al grave problema que nos plantean las bandas organizadas de manera estructurada dedicadas a la comisión del delito del tráfico ilegal de estupefacientes, con miras a la acusación de quienes, en particular o en forma estructurada, no fortuita, permanente o reiterada, actúen concertadamente con el propósito o con la finalidad de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de carácter material”, se señala allí también.
Los legisladores que pergeñaron la propuesta afirmaron que "el presente proyecto se propone en el marco del principio de responsabilidad compartida, tal como lo prevé la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988, de la cual nuestro país es parte: ´la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los Estados´".
"La Argentina debe asumir su rol como integrante de la comunidad internacional y específicamente como actor de esta región, que plantea un escenario de complejidad creciente en las operaciones de producción, distribución, consumo de drogas y delitos conexos", completaron los senadores.