La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un proyecto de ley para promover el control judicial en los traslados de los detenidos. La iniciativa fue enviada al Congreso de la Nación.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación en miras a promover el control judicial en los traslados de los detenidos.
La presentación del organismo dirigido por Francisco Mugnolo, tiene que ver con la la facultad de sugerir reformas a las normas aplicables a las personas presas a efectos de hacer más efectiva la vigencia de sus derechos (artículo 20 c. Ley 25.875).
La iniciativa, a la que tuvo acceso DiarioJudicial.com, prevé modificar el artículo 72 de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad sobre traslado de internos para promover el control judicial.
“Esta propuesta de modificación legislativa se basa en la experiencia de trabajo dela Procuración Penitenciaria de la Nación, que en los últimos años viene denunciando la arbitrariedad de los traslados en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, que provoca múltiples afectaciones a la vigencia de los derechos humanos de las personas presas”, explicaron desde la Procuración Penitenciaria.
La nueva redacción propone que “la disposición administrativa que prevea el traslado del interno de un establecimiento a otro, con las razones que lo fundamenten, debe ser notificada al interesado, a los fines que pueda ejercer su derecho de defensa”.
Además esta deberá ser elevada al juez, quien “decidirá si autoriza o no el traslado” y en caso de que la persona no quiera ser trasladada “el juez convocará a una audiencia oral contradictoria, en la que el detenido contará con asistencia letrada”.
“La decisión sobre el alojamiento de una persona detenida deberá garantizar el derecho a cumplir la pena privativa de libertad cerca de su residencia familiar, así como de su defensor y de su juez a cargo”, dice el texto de la propuesta presentada.
Desde el organismo consideraron que “son los tribunales de justicia los que tienen a su cargo el deber de garantizar el ejercicio de los derechos y de resguardarlos cuando hubieran sido vulnerados” y por eso es que “les compete emitir la autorización para efectuar el traslado de un detenido o detenida”, dijeron.
Para la PPN el envió de la propuesta al Congreso de la Nación tiene que ver con un “vacío legal en la regulación de los traslados” que supone una “desprotección de la persona privada de la libertad frente a la posibilidad de una actuación arbitraria de la administración penitenciaria”.