Más de 10 mil personas se encuentran detenidas en complejos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). “Se trata de un máximo histórico”, explicaron desde la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Los datos se desprenden de la base de datos que el organismo posee a partir de partes semanales.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que se llegó a un “máximo histórico” en la cantidad de personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que alcanzó en octubre un máximo histórico.
Legó a total de 10.322 internos alojados, según el parte de población correspondiente al día 3 de ese mes que elabora mes a mes la Procuración Penitenciaria. Desde el organismo dirigido por Francisco Mugnolo destacaron que “esta cifra refleja el proceso de sostenido crecimiento de la población en los establecimientos carcelarios federales, tal como viene señalando la Procuración Penitenciaria”.
Según los datos, desde 2007 la cantidad de personas encarceladas fue en aumento. Luego de un pico de 9735 alojados en 2004, el total de personas detenidas disminuyó en forma relativa hasta 2007, pero este año aumento hasta los valores que actualmente se registran.
En términos porcentuales entre el 2007 y el 2014 en las cárceles federales la cantidad de detenidos aumentó un 14,3%. “El fenómeno del encarcelamiento ha presentado un incremento superior en comparación con el crecimiento demográfico total registrado en Argentina durante la última década”, aclaran.
Mientras el aumento poblacional, según datos del INDEC, para el periodo 2001-2010 no supera el 10,6%, “la cantidad de presos se disparó en un 20,9%”. “Respecto de la misma década, las estadísticas oficiales arrojan que el total de personas encarceladas en Argentina para el período 2001 – 2010 creció de 41.007 a 59.227, por lo que el aumento del total de presos en el país fue del 44%”, consignaron.
El informe destaca que “también ha aumentado en forma alarmante el número total de personas privadas de la libertad en el país, cuadruplicando las cifras demográficas” y desde la procuración penitenciara destacan que frente a ello “no ha habido un aumento significativo de la cantidad de plazas declaradas”.
En este contexto, explican, “el debate acerca del uso del encarcelamiento y la ausencia de criterios que permitan establecer la capacidad de alojamiento de los espacios de encierro resulta un requisito indispensable para la planificación de una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos”.
El año pasado la Procuración Penitenciaria presentó un proyecto de ley para la fijación y puesta en funcionamiento de un mecanismo de acreditación confiable para la definición del cupo disponible en cada establecimiento penal.