Gersenobitz también se refirió a los testigos propuestos por el magistrado que comparecerán el lunes próximo ante el cuerpo en una audiencia especial. Se trata de los prestamistas Guido Torrisi, Francisco Ogando y María Baulán, contadora del juez. Los testigos habían otorgado créditos al magistrado presuntamente para la adquisición de la casa en Vicente López, el primero y el alquiler de un country de Golfer´s en Pilar, el segundo.
El consejero señaló hoy a este medio que “estaríamos hablando de los últimos tres testigos”, en virtud de que en la Comisión parecería haber consenso para emitir un dictamen acusatorio, situación que para el defensor del abogado Héctor Rodríguez, defensor de Liporaci, sería “una aberración”. “Primero habría que esperar los resultados de las pericias contables de la Corte Suprema ordenadas por el juez Cavallo que tiene un lapso de 30 días para expedirse”, advirtió.
El juez federal Gabriel Cavallo quien instruye la causa contra Liporaci por presunto enriquecimiento ilícito, ordenó realizar pericias contables sobre el patrimonio del magistrado investigado, tarea que con seguridad concluiría en marzo próximo.
Según la defensa de Liporaci, los miembros de la Comisión de Acusación, deberían “fotocopiar” la causa de presunto “enriquecimiento ilícito” que se encuentra en la dependencia pericial de la Corte Suprema para realizar algún pronunciamiento sobre una posible acusación a su cliente, aunque no descartó la viabilidad de un dictamen proponiendo un juicio político al magistrado, pero “habría que ver si es jurídicamente correcto” disparó Rodríguez, al tiempo que subrayó “lo prolijo sería que los consejeros leyeran la causa de Cavallo antes de emitir alguna opinión”.
Por otra parte, el abogado desmintió las versiones de renuncia del magistrado federal, y no descartó que algunos consejeros se aferren a esa versión para precipitar el enjuiciamiento al juez.
También el Secretario de Justicia y ex integrante del Consejo de la Magistratura, Melchor Cruchaga, señaló que “el Consejo en esta causa, no investiga en el ámbito penal, sino que instruye una causa paralela a la del juez Cavallo”, pero que “ya habría elementos necesarios para emitir un dictamen”.
“Puede no haber delito –en la causa penal- pero el Consejo sí puede pedir su remoción por presunción de delito, sistema que era utilizado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, antes de la creación del Consejo de la Magistratura” agregó Cruchaga.
Temas relacionados:
A la vuelta, empiezan con la causa de Liporaci 22/01/2001