05 de Julio de 2024
Edición 7000 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 08/07/2024

El prestamista, el amigo y su contadora

Los tres testigos propuestos por Liporaci declararon hoy ante el Consejo de la Magistratura. Su contadora admitió que las declaraciones juradas no cierran por error y dijo que ningún banco le quiere prestar dinero al juez.

 
Los tres testigos de la defensa del juez federal Carlos Liporaci declararon hoy ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y coincidieron en que la situación patrimonial del juez investigado por enriquecimiento ilícito es normal. Su prestamista, Guido Torrisi, aseguró que “volvería a financiarlo”. Emilio Ogando, su “amigo personal”, afirmó que la casa anterior era incómoda y que la familia del magistrado parecía los Campanelli. Patricia Bouland, su contadora, admitió que las declaraciones juradas no cierran, pero que se trató de un error y que hoy ningún banco quiere “bancar” con un crédito al cuestionado juez.

A puertas cerradas se realizaron los interrogatorios de Acusación a los testigos propuestos por la defensa. El primero en contestar las preguntas de la Comisión encabezada por la flamante presidenta Lelia Chaya fue Torrisi, que se quejó por la difusión que tiene la causa en los medios de comunicación y aseguró que lo estaba perjudicando en sus negocios. El prestamista, cuya actividad principal –según reconoció hoy- sería un garage, dijo que “de vez en cuando realiza préstamos hipotecarios”.

Torrisi explicó a los consejeros porqué no tuvo dudas en prestarle su dinero al juez que investiga los presuntos sobornos en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral. Según fuentes allegadas al Consejo de la Magistratura, el amigo del juez presentó como primer elemento para financiar a Liporaci la confianza que le brindaría la inmobiliaria que los habría contactado, con la que negocia desde hace varios años. “Además, que el deudor fuese un juez era una garantía reforzada, el crédito estaba holgadamente cubierto”, habría afirmado Torrisi, que dijo no conocer los ingresos del juez.

Torrisi también aclaró que le volvería a prestar a Liporaci y que de no pagar en julio, fecha del vencimiento de la hipoteca “estaría dispuesto a refinanciarlo”. El ciudadano italiano se mostró sorprendido porque, según aseguró, recibió una inspección de la Dirección General Impositiva, a la que habría asociado con la causa.

El segundo lugar fue para Ogando, que dijo ser un funcionario de planta de la Cámara de Diputados con rango de subdirector además de ser un empresario de sistemas digitales integrados desde hace cuatro años, y que se autodefinió como “amigo personal” del juez y ratificó que era él quien pagaba los alquileres de la casa en el country Goldfer´s de Pilar, que ambos ocupaban durante los fines de semana, aunque le televisión satelital que instalaron la pagaba la familia Liporaci.

Ogando explicó que durante un viaje suyo a Misiones para vender una propiedad –que se podría comprobar porque le dieron un período de licencia en Diputados- recibió un llamado de la esposa de Liporaci en el que le avisó que habían encontrado la casa perfecta, y que debían apurarse para concretar la operación porque había otros interesados.

El amigo del juez confirmó que el alquiler costaba 1850 pesos por mes, con las expensas del country incluidas, aunque sin los gastos de mantenimiento ni los servicios. Lo curioso es que el precio normal durante los meses de temporada es notablemente mayor: podría alcanzar los cinco o seis mil pesos. La explicación que dio Ogando fue que les hicieron precio porque la alquilaron durante todo el año.

El testigo además manifestó que en ningún momento Liporaci le había contado que pensaba comprar una casa, aunque justificó la actitud del juez de mudarse de la casa anterior, a la que habría definido como “muy incómoda para una familia que parecía los Campanelli”.

Por último llegó la contadora Bouland, que conoció al magistrado en agosto de 2000. Según su testimonio ante la Comisión, se habría juntado por primera vez con Liporaci en su casa, donde recogió toda la información que le brindó el juez e hizo un “análisis de flujo de fondos”, con el que concluyó que el punto crítico sería en julio próximo, al vencimiento de la hipoteca.

De acuerdo a las mismas fuentes que participaron de la reunión en el Consejo, la contadora le habría recomendado que pidiera un nuevo crédito a corto plazo en un banco poniendo la casa como garantía. Así, según Bouland, podría pagar una cuota mensual que sumada al ingreso familiar le permitiría financiar con tranquilidad su deuda. Sin embargo, dijo a los consejeros que Liporaci le aseguró que ningún banco le quiere prestar dinero debido a la repercusión que han tenido las causas en las que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, tanto la del Consejo como la que encabeza el juez federal Gabriel Cavallo.

Bouland además admitió que las declaraciones juradas de Liporaci “no cierran”, pero que se trata de un “error”, ya que “no se registró el ahorro acumulado”, sino sólo el del período declarado, que alcanzaría los 2500 pesos.

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dju / dju
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