Fuentes allegadas al consejero abogado confirmaron que ya había recibido las copias certificadas del expediente que tramita el juez federal Gabriel Cavallo en la causa por enriquecimiento ilícito contra el magistrado, que sería el presunto delito en el que basaría el “mal desempeño”.
Según el dictamen, el delito estaría “configurado por un aumento patrimonial injustificado que surge de las declaraciones juradas presentadas en 1996 y en 2000”, que además se corroboraría con una descripción de los gastos en distintos artículos suntuarios por parte de Liporaci, que se agregan a la mansión que compró en Vicente López con créditos que están siendo estudiados por la Justicia. Se trataría, según Garrote, de “gastos desproporcionados a las posibilidades económicas del juez y su grupo familiar”.
Justamente, la presunción de la comisión de un delito es, en la práctica habitual, el requisito para elevar las acusaciones, tanto actualmente en el Consejo (como en el caso del juez Brusa) como anteriormente en la Cámara de Diputados, que era el órgano acusador de los jueces.
Otra de las conductas que Garrote le endilgaría a Liporaci es la de haber tenido “la inmoralidad de haber aceptado una pensión graciable para que su hija termine sus estudios”.
Por su parte, el diputado frepasista Pablo Fernández estudia si presentará junto con Garrote el dictamen, que será distribuido el lunes para ser debatido en la reunión ordinaria del Consejo el próximo martes.
La mayoría de las fuentes allegadas al Consejo consultadas por Diariojudicial.com concuerdan en que la acusación al juez que investiga la causa por los presuntos sobornos en el Senado para comprar la reforma laboral no será votada el martes, como se suponía la semana pasada. No se trataría de una cuestión de convicciones, sino más bien de formalidades extra jurídicas para no darle argumentos a la defensa de Liporaci, que se quejaría, ante una acusación formulada sin que se complete el estudio de los medios probatorios.
Precisamente, durante la tarde de hoy, distintas eran las versiones acerca de las copias del expediente que tramita Cavallo por la causa de enriquecimiento ilícito. Casi todos los consejeros, incluidos funcionarios jurídicos del Consejo de la Magistratura, aseguraban que aún no habían sido remitidas. Además, se calcula que recién el lunes estará lista la copia estenográfica de la declaración de los tres testigos que se presentaron el lunes.
Por su parte, Héctor Rodríguez, abogado de Liporaci, dijo hoy a Diariojudicial.com que para presentar algún recurso va a “trabajar sobre la base de los hechos consumados, para no darle letra a los consejeros”.
Según los trascendidos, de haber una votación, que probablemente será el martes 20, la única que podría votar a favor del juez sería la presidenta de la Comisión de Acusación, Lelia Chaya, aunque no es clara cuál será la opinión del diputado justicialista Miguel Angel Pichetto.
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