El pedido se enmarca en las acusaciones en su contra respecto de no haber implementado los mecanismos de control para evitar el presunto lavado de unos 9 mil millones de dolares a través de maniobras de triangulación entre los bancos República, Federal Bank y Citibank de Nueva York.
Pou elevó personalmente un escrito de tres carillas en las cuales detalla cual fue la intervención de la entidad crediticia oficial en torno a las operaciones del ex Banco República SA, propiedad del banquero Raúl Moneta, "ante versiones difundidas por medios periodísticos" respecto de su responsabilidad respecto a las investigaciones de "operaciones inusuales o sospechosas".
En ese sentido, Pou recordó que a partir de las investigaciones iniciadas ante el juzgado federal 10, a cargo de Gustavo Literas, en diciembre de 1998 (causa 541/316/98) "que reuniera antecedentes respecto de operaciones financieras de un grupo de residentes en el exterior, se generaron en el área de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias diversas consultas y procedimientos para determinar si existía algún tipo de infracción legal del ex Banco República SA" en dichas operaciones.
Agrega en la presentación que "en ese marco, durante 1999 se cursaron diversos pedidos de informes al Banco Central del Uruguay, al Central Bank of the Bahamas, así como al Citibank (sucursal Argentina), ya que las empresas involucradas tenían su domicilio legal en la República Oriental del Ururguay, el Federal Bank estaba registrado en Bahamas y las operaciones habían sido cursadas a través de la casa matriz del Citibank NA" de Nueva York.
"Ninguna de esas instituciones brindó información en el referido trámite, con excepción del Citibank NA. Sucursal Argentina que, amén de informar mediante nota de fecha 17 de mayo de 1999 que en sus registros no obraba información que permitiera identificar a los accionistas del Federal Bank Limited, hizo saber que respecto del Citibank NA. Nueva York la información debía ser requerida directamente por vía de rogatoria de estilo, a ser cursada a la autoridad local competente, para que esta autorizara y entregara la información", enfatizó.
Agrega luego que en enero del año pasado, "el Banco Central de Bahamascontestó que no estaba autorizado a brindar la información que solicitaba el BCRA. sin el consentimiento de la entidad bancaria" y que cuatro meses después, en mayo de ese año "la Oficina de Control de la Moneda de ese país, informó que no brindaría información" hasta tanto la entidad a su cargo "le solicitara informes de manera formal al Citibank NA Nueva York".
En ese marco, y en base a los elementos colectados, "en febrero de 2000 el Grupo de Supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias remitió los antecedentes al Área de Asuntos Judiciales, quien luego de recabar mayor información propició la intervención de la entonces Gerencia de Requerimientos y Control, ante la duda de que pudiera verificarse alguna infracción legal" y la misma dependencia "recomendó" el 2 de agosto del año pasado "girar los antecedentes a la Procuración General de la Nación, por cuanto entendió que no podía descartarse que se tratara de operaciones inusuales o sospechosas".
Agrega luego que tras cumplimentarse "la intervención de otras dependencias, dicho temperamento se concretó el 15 de noviembre de ese mismo año".
"La referida presentación al Procurador General de la Nación, por medio de la cual el Área de Asuntos Judiciales del Banco Central propusiera la iniciación de una investigación preliminar, para profundizar al respecto y esclarecer los hechos fue girada a la Fiscalía de la Cámara Federal, a cargo del doctor (Germán) Moldes, y al poco tiempo quedó radicada" ante el juzgado de Literas, "en relación con la causa 1404/99".
Pou lamentó que "a pesar de todo ello y en base a un reciente informe elaborado por un grupo de Asesores de la Minoría del Subcomité Permamente de Investigaciones en el Senado de los Estados Unidos, se ha instalado en la opinión pública, como consecuencia de las declaraciones de algunos diputados nacionales, la idea de que en mi carácter de Presidente del BCRA., habría demorado y/o evitado la prosecusión del trámite de ese expediente, como también de los que le sirven de antecedente; relativos a las inspecciones de los años 1996 y 1998 que realizó la Superintendenia de Entidades Financieras y Cambiarias sobre el Banco República SA (expediente 100.234/97 y 100.115/99 respectivamente, obrantes por ante el juzgado Federal 10 aludido)".
Por esos motivos pidió al juez Cavallo que en los términos del artículo 195 y concordantes del Código Procesal "se instruya el correspondiente sumario criminal, a fin de determinar si en el curso de los trámites relativos a operaciones inusuales o sospechosas que pudieran haberse detectado en la operatoria del ex Banco República, el suscripto incumplió sus deberes legales".