B)CONTRAFUEGO. Es un sistema que se utiliza en las zonas de grandes superficies –bosques, campos, etc- donde se produce un incendio. Esta técnica que se completa con la apertura de callejones y largas franjas aradas trata de impedir que uno de los fuegos se propague y llegue a quemar los propios intereses del afectado. Por eso se neutraliza fuego con fuego. Esta sería el consejo que recibió el juez Cavallo –pese a que no tiene ningún costoso asesor de estrategia y acción piscológica- para poder ascender a camarista federal y ocupar el sillón que dejó vacío Juan Cortelezzi por irse a vivir con su ex novia española, la cual al poco tiempo, terminó la relación y mandó de vuelta para estas tierras al ex camarista del alfonsinismo. Cierta o no la intención que le adjudican sus críticos de la interna judicial- lo señalan como poseedor de un lujoso piso en la avenida Las Heras, además de tener una Mercedez Benz 4x4-, lo que sí no es falso que Cavallo tiene por contrato de la Corte, dos secretarios letrados que están analizando concienzudamente todos los vericuetos jurídicos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que se dictaron en el gobierno de Raúl Alfonsín para impedir que los militares de todas las jerarquías desfilaran por los juzgados y quedaran presos por sus responsabilidades en la represión durante el Proceso. En ese juzgado se encuentra abierta una causa sobre la desaparición de una hija de Emilio Mignone, ex fundador del CELS y ese marco -se dice- es el que Cavallo utilizaría para decretar la inconstitucionalidad de esas normas, lo que abriría otro difícil frente de tormenta al gobierno de Fernando de la Rúa.
C)REACCION. Intempestuosa –tan afecto a ellas y por darle un calificativo suave- fue la que tuvo Pou con Servini de Cubría cuando se enteró que la jueza federal lo había procesado por la irregular liquidación del ex Banco Basel –no es la única acusación que recibe el cuestionado presidente del Banco Central en relación con el cierre de bancos chicos para favorecer a los grandes como sucedió con el Patricios, Mayo, Crédito Provincial, etc- a raíz de redescuentos (préstamos) supuestamente mal concedidos. Servini de Cubría se defiende con que esa causa debía haberse definido hace dos años, pero supuestas operaciones de algunos abogados –uno e ellos muy notorio en el anterior gobierno- sobre algunos de sus empleados, incluida una secretaria a la que denunció penalmente- impidieron hacerlo antes y coincidió en medio de la ofensiva judicial y política contra Pou. Pero la rabia de Pou tenía otros motivos, no tan secundarios: es que en esa causa interviene como querellante el abogado Ricardo Monner Sans, quien patrocina a la esposa del fiscal Norberto Quantín que reclama el pago de un depósito de $ 50.000 pesos que perdió cuando quebró el Basel. Monner Sans fue abogado del camarista Martín Irurzun, cuya sala estuvo estudiando –hasta ahora- el expediente de ese banco. Para el banquero se trata de otra (supuesta) operación para perjudicarlo a la que sumó a Servini de Cubría pese a los esfuerzos de Manuel Domper, el director abogado del Central, para impedir otro incendio.
D)PREGUNTA. De rigor en cuanto conciliábulo judicial se realiza sobre quien fue el operador presidencial –en un discreto almuerzo en la recova de la Recolecta el pasado viernes que le aseguró a Carlos Liporaci que no iba a ser acusado por el Consejo de la Magistratura. Hasta el lunes a la noche, el juez acusado de enriquecimiento ilícito y que anticipó que se defenderá hasta lo último en el Jury de Enjuiciamiento, creyó que no iba a ser acusado y mucho menos suspendido al punto que pidió hasta el martes para no hacer ninguna declaración periodística –salvo la que efectuó en exclusiva a Diario Judicial.com, reproducida por los diarios nacionales mas importantes del país- y descreyó a un bien informado que le acercó el dato que su caso estaba definido porque los diputados Carlos Maestro (UCR) y Miguel Pichetto (PJ) no podían votar en su favor porque juegan su destino político en las próximas elecciones para senadores –ambos están muy bien posicionados-. Por eso le cayó como un baldazo, el anticipo por celular de su abogado Héctor Rodríguez, apenas la Comisión de Acusación decidió ultimarlo. Su mayor sorpresa fue el voto de Lelia Chaya –“no voy a suicidarme si todos votan en contra”, le confesó a un asesor- y la promesa incumplida de su contacto oficial que le había dibujado que Maestro votaría a favor y con ello volcaba a Pichetto y desempataba Chaya –en su calidad de presidente de la comisión- contra los tres votos -Pablo Fernández, Mario Gersenobitz y Angel Garrote- que pedían su destitución. A cambio, el operador le había arrancado la promesa de una larga licencia por enfermedad y el pase de la causa a un juez insospechado.
E) OTRA. Promesa había sido el archivo de las actuaciones judiciales, lo que irritó sobremanera al fiscal Pablo Recchini, quien lleva la instrucción y está empeñado en llegar hasta las últimas consecuencias. Rechini espera la pericia que está en la Corte y su interés –primordial- es demostrar que Liporaci no pudo haber ahorrado en cuatro años $ 120.000, además, de l origen poco claro del mutuo (préstamo) que Liporaci firmó con Cofiarsa, la cooperativa financiera de José Levy –investigada en el organismo controlador de mutuales y cooperativas- que trajo el dinero desde Montevideo. El fiscal espera que el expediente baje de la Oficina Pericial de la Corte a fin de mes y acusarlo a Liporaci por presunto enriquecimiento ilícito. Pero el viernes recibió otro dato de interés: ¿cuáles fueron las relaciones laborales de la esposa del juez con un importante funcionario del Gobierno anterior y puntero en la provincia de Buenos Aires, que manejo una de las cajas más importantes de la administración?. Este trabajo de Inés Calb fue anterior a su contrato en Diputados y, ahora, Rechini también quiere husmear en ese ámbito que perteneció a la esfera de poder de Domingo Cavallo y uno de los cuales el ex ministro de Economía compartió –sin discusiones y en estricto silencio- hasta el final del mandato presidencial con Carlos Menem.