Los resultados prácticos aún están por verse, entendiendo que ver a pleno el funcionamiento del nuevo sistema demandará unos ocho años más, y recién ahí se podrán sacar conclusiones definitivas. Lo cierto, es que el presente no es muy alentador. Las causas iniciadas bajo el anterior régimen, han quedado radicadas en “Juzgados de Transición”, donde en uno se concentraron más de un Juzgado Criminal y Correccional –ahora disueltos en su mayoría-, que parecen que se perpetuarán en su función, más allá de lo que normativamente se quiera imponer. Allí cotidianamente se ven empleados “desmotivados”, atestados de trabajo, conviviendo con situaciones de privación y retardo de justicia, que se han asimilado como naturales. Hoy por hoy, en su mayor parte, estos juzgados trabajan causas con delitos de acción pública (en los que el Estado, sea por el juez o por el fiscal, teóricamente debería actuar independientemente de la presentación de un damnificado) , a instancia de parte, por falta de recursos.
Casos como los Juzgado de Transición de San Isidro, de San Martín, Campana, Lomas de Zamora, etc. son testigos de esto. En muchos de ellos, y a pesar de los enormes esfuerzos de los jueces, secretarios y empleados, aún se encuentran paquetes sin desatar de causas que deberían estar en trámite, desconociéndose siquiera qué hay adentro. Ni qué hablar de la documentación o efectos que deberían conservarse, donde su búsqueda puede demandar hasta meses.
Por otro lado, las nuevas estructuras judiciales creadas, cuentan con una gran juventud en sus filas, que si bien trasunta una carga de entusiasmo y motivación positiva, presenta como contrapartida la falta de experiencia esperada para los cargos que le ha tocado cubrir. Sin perjuicio de ello, se nota en los jóvenes funcionarios gran ímpetu en capacitarse, no obstante las dificultades económicas y de tiempo que los aqueja.
Finalmente, debe señalarse que aún faltan aceitar los elementos, ya que la enorme inversión efectuada no se condice con los magros resultados obtenidos –ejemplo: la informatización aún goza de gran resistencia entre los funcionarios y empleados, todavía la justicia depende en demasía de la policía para tareas básicas, etc.
Se ha nombrado un gran número de Instructores Judiciales, dependientes del Ministerio Público Fiscal, con salarios y cargos equiparados a los de los Secretarios de Juzgados, abogados, de los que cabe esperar mayores resultados, esperando que con el tiempo, estos se produzcan, debiendo efectuarse, al menos para con estos, un sistema de control y evaluación de productividad.
En cuanto a la Justicia Federal, si bien corresponde su tratamiento a la Nación, vemos que existe también atraso en la tramitación de expedientes, siendo necesaria la creación de más Juzgados de primera instancia, principalmente en el conurbano, donde los delitos de su competencia son mayores –drogas, secuestros extorsivos, violaciones a las leyes de marcas y patentes, contaminación, etc.–.
A la hora de hablar de soluciones, el foco deberá ser puesto en la capacitación del personal. No hay otra solución –por más dramática que parezca- que esperar a que los actuales miembros del Poder judicial y ministerio público ganen experiencia y conocimientos técnicos. Salarialmente este sector, con relación al resto de las actividades públicas y aún privadas, no está mal.
Creemos necesario –esto sí, a pesar de la resistencia que generará- aumentar el horario de tareas –no sólo en el fuero penal- a fin de acelerar el trámite de los procesos, no obstante la cantidad de horas extras no remuneradas que cumplen los empleados en muchísimos casos.
Se impone la concentración edilicia de Juzgados, UFI´s (Unidades Fiscales de Investigaciones), defensorías oficiales y alcaidías, lo que a la a larga minimizará costos, por ejemplo en tareas de custodia, cabiendo la posibilidad de unificar con los edificios de Tribunales, unidades del Servicio Penitenciario y comisarías.
En cuanto a los Juzgado de Transición, deberá asignarse un mayor número de personal con carácter de urgente, a través de contratos temporarios, en lo posible de abogados, para resolver los legajos.
Una nueva solución aparece hoy como posible y hasta ahora ninguna voz se manifestado al respecto: la posibilidad de implementar contratos de pasantías (Ley 25.165) con estudiantes universitarios sea de derecho para actuar en UFI´s y Juzgados; de Asistencia Social para colaborar con los patronatos; de ingeniería para realizar tareas estadísticas serias y liberar de estas a los empleados judiciales de medicina y psicología para asistir a los médicos y psicólogos forenses; con estudiantes terciarios en criminalísitica, caligrafía, etc. para colaborar con los cuerpos periciales.
Finalmente, deberían cambiar su mentalidad los operadores del sistema que en muchos casos, siguen actuando como en el anterior. Así, debería prohibirse el envío de las causas a las comisarías, debiéndose sólo ordenar tareas delegables en casos excepcionales y de necesidad estricta, para que la investigación sea totalmente judicial.
Hoy por hoy, creemos, no convendría volver atrás con los cambios ya en marcha, sino corregir el rumbo de los mismos, exigiendo de parte de los funcionarios y magistrados una mayor productividad y eficiencia, dando soluciones específicas a los problemas particulares de cada departamento judicial, para lo cual se requiere de funcionarios que los conozcan, que los hayan caminado (o padecido), y que sean guiados, ante todo, por el sentido común.
Dr. Diego Carbone
carbone@alesina.com.ar