Explican que sólo así la Justicia española podrá decidir si debe archivar el procedimiento porque el ex dictador padezca una demencia sobrevenida - único caso que según ellos contempla el ordenamiento jurídico para paralizar temporalmente una causa- o si debe continuar las diligencias allí donde se encuentre el general en el futuro, es decir probablemente Chile, para determinar su responsabilidad criminal.
Garcés y Murillo critican además que la nota del Ministerio del Interior británico enviada a Garzón con los razonamientos de su titular, Jack Straw, no incluya el diagnóstico médico sobre la salud de Pinochet, lo que impide evaluar el informe y recurrirlo de forma apropiada. Garzón había dado ayer un plazo de 24 horas a las partes para presentar sus alegaciones contra la decisión de Straw, el cual venció hoy.
La presentación de los abogados se resume en lo siguiente:
- La negativa de hacer públicos los resultados de las pruebas médicas de Pinochet viola lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Convención contra la Tortura, que establece que los Estados partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
- Sólo así la Justicia española podrá decidir si debe archivar el procedimiento porque el ex dictador padezca una demencia sobrevenida, único caso que según ellos contempla el ordenamiento jurídico para paralizar temporalmente una causa, o si debe continuar las diligencias allí donde se encuentre el general en el futuro, es decir probablemente Chile, para determinar su responsabilidad criminal.
- Una decisión británica para que Pinochet no sea juzgado sería política, y contrastaría con el rigor jurídico de los tribunales de ese país en este caso, que han aportado un valioso precedente en el desarrollo del derecho internacional.
En ese caso los abogados españoles de las víctimas chilenas no podríamos hacer alegaciones desde el punto de vista jurídico, porque la decisión política es soberana. En cambio, si esa decisión fuera presentada en términos legales, cuasi jurídicos, nos encontraríamos en una situación de violación de la ley internacional, que contrastaría con la seriedad y el rigor con los que los tribunales británicos han actuado en este procedimiento de extradición.
En la misma línea, la letrada Virginia Díaz, abogada de la coalición pro-comunista Izquierda Unida (IU), también personada en la causa, señaló que el ocultamiento del informe médico produce indefensión a las partes y vulnera las normas de derecho internacional. IU recordó que en el proceso de Nuremberg contra los responsables del genocidio nazi fueron juzgadas personas con trastornos mentales, sin que ello haya sido ningún impedimento.
La coalición izquierdista hizo referencia también a Rudolf Hess, el ministro de Adolf Hitler fallecido en prisión en 1987 y quien fue juzgado pese a haber alegado en su día problemas mentales, ya que el tribunal consideró que aunque se hubieran mermado sus facultades, era consciente de los crímenes por los que se le procesó.
En cambio para la Fiscalía española, que siempre se ha opuesto a las decisiones de Garzón con relación al proceso a Pinochet, se expresó hoy a favor de su liberación. El representante del Ministerio Público reiteró en un escrito que presentó a Garzón su "posición contraria a la extradición" de Pinochet, detenido en Londres. El fiscal del caso, Ignacio Pelaez, indicó además que no caben alegaciones a la decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, quien se declaró proclive a no extraditar a Pinochet, por razones de salud.
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