"Las cárceles no son sanas ni limpias, y muchas se transforman en verdaderos depósitos de personas"
Vivió de uno y del otro lado de las rejas. Hoy es el carcelero de la Nación. En 1976, después del golpe militar, entró a una prisión sin causa ni proceso por haber sido el secretario general, reformista, del centro de estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. "Me permitió comocer la realidad carcelaria del otro lado de la reja", asegura. Sin embargo, dice que su primer recuerdo "de los rostros, de ese olor tan particular" de una prisión, es de cuando lo llevaron como estudiante a la cárcel de encausados provincial.
Álvaro Ruiz Moreno, abogado, dice que hasta noviembre nunca imaginó ser el responsable de las cárceles federales del país, con 7239 internos a su cargo. Se transformó en el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios cuando Jorge de la Rúa llegó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de quien va a depender directamente cuando el presidente firme un decreto. Cuenta que los une una "relación de amistad de años", que se evidencia en la cantidad de cargos que ejerció en la función pública a la sombra del hermano del presidente. Parece condenado al cargo de subsecretario. Lo fue de Estadísticas,
de Planeamiento y de la Función Pública, todo en Córdoba. Aunque salió de la rutina al ser electo como concejal de la capital provincial. Después, en el auge delarruista a fines de 1999 llegó a la Subsecretaría General de la Presidencia, acompañando también al actual jefe de la cartera de Justicia.
Al comenzar el diálogo con Diariojudicial.com, reconoció que "no se da cumplimiento constitucional sobre la naturaleza de las cárceles" y aseguró que "no son sanas ni limpias, y que muchas se transforman en verdaderos depósitos de personas". Además dice que los discursos que sostienen la mano dura de Ruckauf y Casanovas "tienen que ver con pretensiones electoralistas" y que son "absolutamente inaceptables".
Quien estuvo al frente del conflicto desatado en enero en el que el 39 por ciento de los presos federales se levantaron en huelga de hambre con los más variados reclamos, ratificó "la decisión política de la no intervención de las Fuerzas Armadas" en potenciales futuras complicaciones.. También dijo que "la inexistencia de las cárceles es absurda, una utopía en la realidad actual".
Diariojudicial.com: ¿Son las cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo?
Álvaro Ruiz Moreno: Los temas penitenciarios presentan en general gravísimas falencias, porque no se ha acertado a definir políticas penitenciarias. Además, no se da cumplimiento constitucional sobre la naturaleza de las cárceles. Se acepta una realidad de la que muchas veces se evita incluso hablar, como negando una realidad que es absolutamente lascerante y tangible. Por ese motivo, hemos formulado algunos lineamientos políticos, que no pretenden ser una acabada política de cuestiones penitenciarias, pero al menos sí determinar horizontes claros del rumbo que debe seguirse para atacar a fondo esta realidad que debe ser cambiada.
Dju:Me llamó la atención en la reciente presentación del Plan de Gestión de Política Penitenciaria que no sólo se hacía hincapié en la educación de los reclusos, sino también en la de los carceleros...
ARM: Es absolutamente indispensable, y por eso lo señalamos como el principal de todos los programas a desarrollar. Además, buscamos la revisión de los contenidos curriculares y los criterios de selección de los profesores en los institutos del Servicio Penitenciario e incorporar un concepto que está ausente aún, que es el de la capacitación permanente, desde el aspirante a ingresar en el Servicio Penitenciario Federal en cualquiera de sus niveles, hasta el personal en situación de retiro, que puede seguir aportando y tiene un gran cúmulo de experiencia.
Dju: Y respecto de los presos?
ARM: Dentro de la realidad del interno, la idea es fomentar la posibilidad de que se completen estudios primarios, secundarios o que se facilite el acceso a carreras universitarias. Es uno de los pivotes esenciales del proceso de reinserción social. Porque si logramos en el SPF, con todas las falencias que tiene, que los presos se instruyan, sus posibilidades de reinserción en la comunidad cuando hayan cumplido sus condenas son ciertamente mayores.
Dju: Cuando dice que no se cumple la naturaleza constitucional de las prisiones...
ARM: Claro, las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo... -interrumpe recitando con su inocultable acento cordobés-. En realidad las cárceles no son sanas ni limpias, y generalmente, muchas de ellas se transforman en verdaderos depósitos de personas.
Dju:¿No podría dar lugar a una acción judicial por inconstitucionalidad?
ARM:Las cárceles argentinas están pobladas por personas enviadas por los propios tribunales, tanto los procesados como los condenados. Y en los juzgados no desconocen cuál es la realidad carcelaria argentina. Y aquí hay uno de los temas que resultan claves: la infraestructura carcelaria. El concepto arquitectónico era, hasta hace muy poco tiempo, perverso. Se han edificado cárceles como la de Caseros -hoy en proceso de demolición- o la de Devoto -en plena utilización- cuando esos modelos ya habían sido discontinuados en otras partes del mundo. Muchos años después, nuestros genios crearon estos edificios que en realidad son verdaderos adefesios y que atentan absolutamente contra el proceso.
Dju:¿Qué generan esas deficiencias arquitectónicas?
ARM:Generan condiciones infrahumanas, donde el interno no tiene posibilidades de desarrollo, donde el agente del SPF ve enormemente dificultada su posibilidad de trabajo efectivo y eficaz. Pongamos como ejemplo a Caseros, para no hablar de Devoto -habitada actualmente-, tiene un sistema de pabellones y de pisos; si ocurriera un incidente, un motín o un incendio en alguno de los pisos bajos, no hay absolutamente ninguna forma de concurrir en auxilio directo a los pisos superiores. Esto genera dificultades de todas las clases. Y se vio en varios de los episodios de la historia trágica de Caseros. Por la huelga de hambre en Devoto, he tenido la posibilidad recientemente de entrar con equipos de bomberos que integran el Sistema Federal de Emergencia, a los efectos de que se pudiera hacer una seria planificación de cómo actuar. Ellos han visto un cuadro de situación bastante difícil de atacar, aunque no imposible. En cambio, otros conceptos arquitectónicos, como los que se están desarrollando en Ezeiza o en Marcos Paz con los nuevos complejos, permiten un trato mucho más humanizado. Son cárceles con dimensión humana, donde el grupo de pobladores en cada sector está acotado numéricamente, donde hay condiciones para que cada interno pueda pernoctar en un lugar seguro, cerrado, no en espacios comunes. Esto permite un trabajo profesional e interdisciplinario mucho más real en su proceso de aplicación.
Dju:¿Está relacionado con la huelga de hambre que comenzó en enero?
ARM: La situación de conflicto fue la prueba. El epicentro del problema es la cárcel de Devoto. El resto de las unidades federales en medidas de fuerza son simplemente gestos solidarios de adhesión a los presos de Devoto. Pero ellos, que piden de manera inorgánica y contradictoria una serie de reivindicaciones viven una situación carcelaria que tiene que ser modificada. Muchos de los reclamos son ciertos y justos pero, ciertamente, equivocan el modo. Porque bajo situaciones de presión se dificulta la posibilidad de producir cambios. Pero cuando se refieren a las situaciones carcelarias, evidentemente tienen razón. El preso, por otro lado, es una persona que está privada de su libertad pero no de la totalidad de sus derechos. Más allá del trabajo del personal del SPF se permite que se generen, entre comillas, reglas propias entre los propios internos.
Dju:¿Cuáles son las consecuencias?
ARM:Genera arbitrariedades de toda índole, situaciones de violencia dentro de las cárceles en forma constante y permanente, y que son muy difíciles de neutralizar o contrarrestar operativamente en el SPF en virtud de esa realidad compleja arquitectónica. Por eso no trabajamos sólo en la construcción de nuevas cárceles, sino fundamentalmente en ir desarrollando nuevos espacios de readaptación social que tienen que ser las cárceles para cumplir con el mandato constitucional.
Dju:Cuando habla de las normas internas de los presos, ¿quiere decir que habría un sistema normativo delictivo en los penales?
ARM: Ciertamente se cometen delitos dentro de los penales. Constantemente, a través del SPF se está dando cuenta a la Justicia de hechos que ocurren dentro de los penales. Los índices delictivos son mayores en cárceles como la de Devoto que en las más pequeñas, donde puede haber situaciones de ajustes de cuentas o de violencia o de utilización de algún tipo de armas como púas o facas, que les permiten dirimir algunas cuestiones en algún espacio de tiempo compartido, como un recreo, fuera del alcance de los guardias. Son situaciones que existen, pero en las cárceles grandes son situaciones más graves. Se arman los ranchos -en términos carcelarios son las bandas o grupos de presión-, en la jerga carcelaria se identifican algunos líderes negativos con el mote de poronga -son los jefes de los grupos-. Muchas veces actúan como bandas dentro de la cárcel y generan situaciones de presión respecto de otros internos.
Dju:¿Podría llegar a asociarlos a la huelga de hambre?
ARM:Esta huelga de hambre se ha desarrollado en forma pacífica y tranquila, y estos grupos operan en situaciones de violencia. Entre los antecedentes históricos de las revueltas, los hemos advertido con mucha claridad en situaciones de motines, por ejemplo. En general, la gran mayoría de la población carcelaria no está de acuerdo con provocar un motín o una situación de violencia, pero un grupo predominante crea las condiciones necesarias de violencia que generan un motín, que se hace muchas veces para encubrir intentos de fuga.
Dju: ¿En el momento del anuncio del Plan de Gestión de Política Penitenciaria, influó huelga de hambre, en pleno auge? ¿Fue una forma de decir "está todo bajo control, y acá no pasa nada"?
ARM: En cierta forma sí influyó la huelga de hambre. Porque nuestro propósito era que el primer día de febrero el ministro pudiera anunciar los lineamientos que veníamos estudiando durante enero. Dudamos al principio en hacer el lanzamiento de la Política Penitenciaria para 2001 en el marco de una crisis de conflicto, pero el ministro no dudó y consideró que era el momento más propicio para hacerlo, y así lo hizo.
Dju:¿Cuál fue la estrategia que se utilizó para controlar la masiva huelga de hambre?
ARM: Hay como dos escuelas o dos modelos frente a los conflictos. Uno, al que califico de extremada e innecesariamente duro, dice que frente a las situaciones de conflicto la respuesta es mano dura, severidad o ajuste.
Dju:¿Habla sólo de la situación penitenciaria?
ARM:Me refiero a la situación penitenciaria pero no es ajeno a la consideración general. En lo penitenciario, hay quienes dicen, por ejemplo, que si los internos declaran huelga de hambre hay que prohibir el ingreso de comida, o meter la requisa a la celda y retirar todo vestigio de comida. De modo tal que si hacen huelga de hambre que la hagan en serio. Además incrementan los controles, prohíben las visitas, sancionan. Yo creo que la violencia sólo engendra violencia. Y hay otro sistema, perfectamente aplicable, aunque a lo mejor es más lento en los tiempos para llegar a una solución, pero es absolutamente pacífico en su desarrollo. Por ejemplo, frente a la situación de huelga de hambre de los presos federales lo primero que hicimos fue incrementar las raciones de comida. También creamos espacios dentro de la cárcel donde los internos que se pudieran sentir presionados pudiesen ir a comer, fuera de sus pabellones. Montamos un operativo médico lo suficientemente grande como para que no se ponga en riesgo ningún preso. Y, sobre todo, facilitar que los familiares durante sus visitas puedan ingresar paquetes de comida. Fueron órdenes estrictas cumplidas por el SPF. Qué logramos: por un lado, les hicimos menos estricta a los presos su decisión de no comer, y así evitamos situaciones de desnutrición o de crisis por descompensaciones, y la prueba de ello es que en más de 20 días un hubo ni un solo caso de descompensación. Y por otro lado, que no se projera ninguna situación de violencia. Lo que nos indica que hay otro camino posible, que es el de no contribuir con violencia a la violencia. Actuar con firmeza, sí, pero no con violencia.
Dju: Si lo sentaran en un programa de televisión con Carlos Ruckauf o con el ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas, y le dijeran "hay que poner mano dura, aumentar la cuantía de las penas, tiene que ir más gente a la cárcel", desde su lugar de cercanía con la realidad carcelaria, ¿qué les contestaría?
ARM:Yo descreo absolutamente de este tipo de políticas de mano dura, creo que tienen más que ver con pretensiones electoralistas y con pulsaciones de sensaciones de la opinión pública. Desde el punto de vista serio, del derecho penal, y sobre todo en materia de ejecución de condena, es absolutamente inaceptable. Si me sentaran con ellos, sin dudas discutiría muy fuerte con esa concepción. Estamos en las antípodas de ellos. Con todo, creemos que las leyes están hechas para ser cumplidas, y las sanciones de los jueces tienen que aplicarse con todo su rigor, sin la menor duda.
Dju:¿Es difícil la convivencia desde el sistema federal con los sistemas provinciales, que quizás tienen políticas muy opuestas a las que plantea el Gobierno Nacional?
ARM:Hay un equilibrio de relaciones porque hay provincias donde no existen cárceles federales, y los presos federales están alojados en unidades provinciales y viceversa. La creación de las cárceles en el país se orientó hacia el sur originariamente, pero la realidad actual genera una demanda muy creciente en el norte y en el litoral, porque los delitos federales que se han incrementado tienen que ver con el narcotráfico o con el contrabando, y esto ocurre generalmente en las zonas de frontera, donde no hay cárceles en cantidad suficiente, mientras que hay otras no suficientemente pobladas. Eso hace que tengamos que interactuar con los servicios provinciales. En algunos casos la convivencia es buena porque inclusive les formamos los recursos humanos en nuestros institutos -en las provincias del norte-. En otras, la situación es más compleja porque todavía no acertamos a establecer criterios correctos de compensaciones. Más allá de los decisores políticos de los gobiernos, existen un montón de denominadores comunes en los servicios penitenciarios.
Dju:¿Se trata de un discurso en la superficie?
ARM:Por debajo existen realidades que son muy horizontales y de muy fácil cooperación. Durante este conflicto he recibido llamados de provincias de signos políticos distintos al gobierno al que represento, solicitando asesoramiento en el modo de encarar el conflicto vinculado a una huelga de hambre pacífica.
Dju:¿Cómo se decidió la intervención en el conflicto del Servicio Federal de Emergencia (que funciona bajo la órbita de Jefatura de Gabinete)?
ARM:Fue convocado por una decisión política nuestra cuando advertimos que la huelga de hambre podía complicarse en Devoto al anunciarse la huelga seca (sin ingesta de líquidos) que nunca se llegó a cumplir. Pensamos que podíamos poner en riesgo los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, saturarlos u obstaculizar su normal desarrollo, en el supuesto de que tuviéramos que trasladar de urgencia a 200 o 300 internos en forma simultánea. Entonces hicimos la consulta al Sistema Federal de Emergencia, lo que sorprendió a su director, José López Murphy, ya que nunca se había solicitado el Servicio para una emergencia de esta índole, y lo tomó como un desafío personal. Logramos que el conflicto y la atención sanitaria no saliera de los muros de la cárcel.
Dju:¿Generó algún escozor en el SPF la participación de otras fuerzas como los militares?
ARM:No, todo lo contrario, porque es una fuerza de seguridad y, por lo tanto, la posibilidad de interactuar los estimula y muy bien. Además, actuaron con todo profesionalismo. Sí causó escozor en la comunidad carcelaria, porque la instalación del hospital debimos hacerla en el espacio que ocupa el Centro Universitario y en la capilla de la unidad, lo que ciertamente causó disgusto en algunos internos.
Dju:En cuanto a la participación de los militares, cuando Diariojudicial.com consultó al ministro De la Rúa qué pasaría si la situación de emergencia, que fue sanitaria, se hubiese transformado en una situación de violencia, él sugirió que llegaría a renunciar si las Fuerzas Armadas participaban.
ARM:No llegó a ese extremo, pero sí dijo que mientras él sea ministro esto no es posible. Por dos razones: porque el SPF es más que suficiente para afrontar cualquier situación en las cárceles federales y, además, la propia ley de seguridad interior impediría a los militares intervenir.
Dju:Pero ha habido presiones históricas para la intervención militar en los asuntos internos...
ARM:En este caso la decisión política fue la no intervención de las Fuerzas Armadas. Además, hay grupos especializados para la recuperación de cárceles en el SPF, los llamados hombres de negro, y por fuera está la Policía Federal, a través de grupos entrenados para afrontar este tipo de situaciones.
Dju:¿Qué opina de las denominadas cárceles VIP?
ARM:El que decide dónde se aloja cada interno es el juez. Sí existen algunos presos que por la propia inteligencia de los magistrados son alojados en lugares que no son estrictamente cárceles, como por ejemplo fuerzas de seguridad. Personalmente creo que todos lo presos deberían tener igualdad de tratamiento. Sólo nos limitamos a cumplir con las instrucciones de los jueces.
Dju:En una población de 35 millones de personas, sólo hay 7239 presos federales, de los cuales tienen condena sólo el 43 por ciento, ¿tienen sentido las cárceles desde el punto de vista resocializador o sirven sólo para decirle a la sociedad esto existe, ténganle miedo, cumplan la ley?
ARM:Creo que como factor de disuasión, sí contribuye. Como factor de resocialización hay que estudiar bien los índices de reincidencia, que es del 20,66 por ciento, y no creo que sea cierto, a punto tal de que he ordenado que se haga un estudio a fondo porque me parece muy bajo. La sensación de lo que uno percibe es que el porcentaje debe ser mayor. Pero puede ser que la sensación térmica no coincida con la temperatura.
Dju: Siguiendo con los números, se gastan 34 mil pesos por año por cada uno de los presos, ¿no habrá otra solución distinta a la cárcel con ese dinero para esa misma población carcelaria?
ARM:No creo que con esa plata se deban hacer otras cosas que ir mejorando las condiciones dentro de las propias cárceles. La situación de la inexistencia de cárceles es absurda, utópica en la realidad actual. Las teorías que dicen que hay que gastar menos en los presos responden a situaciones oportunistas. Estos presupuestos terminan resultando insuficientes, porque cárceles como Devoto no deberían existir. Tendríamos que tener más recursos para tener cárceles como las de Marcos Paz y Ezeiza. El presupuesto me parece insuficiente.
Dju:Jorge De la Rúa dijo a Diariojudicial.com que no se arrepentía de la decisión de conmutar las penas de los presos de La Tablada, a pesar de que aseguró que advirtió en el Gabinete que una situación como la huelga de hambre masiva de presos podía suceder...
ARM:Efectivamente, yo he sido testigo presencial de que cuando se tomó la decisión de conmutar las penas de los terroristas condenados por el episodio de La Tablada, el ministro dijo que inmediatamente poníamos un disparador de una situación de malestar en el resto de los internos que iban a pedir un tratamiento semejante. Frente a eso, apoyamos firmemente la decisión del presidente porque ya se había agotado la instancia legislativa, al mirar para otro lado los legisladores y desentenderse del problema, y se había agotado la vía judicial con el fallo de la Corte. El resto de los condenados tuvo la posibilidad de la segunda instancia, y los procesados la tienen en expectativa, lo que no permite hacer una analogía. Además, el reclamo masivo no era ni de indulto ni de conmutación, que son individuales, sino de amnistía. En términos estrictamente jurídicos, de una población en Devoto de 1691 presos, 1400 son procesados. Entonces, cómo se piden conmutaciones de penas a procesados. Es un reconocimiento anticipado de la culpabilidad.
Dju:Evidentemente los reclusos no son abogados...
ARM:Sin embargo están bien asesorados, algunas veces desde organizaciones de afuera. Aunque en este tema puntual ha sido muy malo el asesoramiento, tanto que se fueron dando cuenta de lo absurdo del reclamo y desistieron.
Dju:¿Se consideró al momento de conmutar las penas de los presos de La Tablada el articula 36 de la Constitución reformada en 1994, que prohíbe el indulto y la conmutación a quien hubiese atentado contra el orden institucional?
ARM:Se los consideró delincuentes comunes, por lo que encuadraron perfectamente. En realidad aquel episodio no puso en riesgo el orden constitucional. Finalmente la única solución posible era esta, y lo hacíamos con una espada de Damocles sobre la cabeza, la responsabilidad por la salud de ese grupo de reclusos era nuestra. Me tocó pilotearlo en forma directa, y pasamos situaciones de verdadero riesgo en la salud de los presos. Por eso decidimos sacarlos de los penales e internarlos en hospitales, les pusimos suero en forma casi compulsiva y finalmente tomamos la decisión política de alimentarlos por sondas nasogástricas en caso de que se produjesen descompensaciones. La situación nos dejó una especie de doctrina, una enseñanza muy importante sobre qué hay que hacer, y que nos sirvió para la huelga de hambre en las cárceles federales.
Dju:Hubo rumores de que la huelga de hambre en las cárceles federales tuvo que ver con alguna interna en el SPF...
ARM:Descartado totalmente. Aunque no digo que no puedan existir internas porque es un cuerpo de 7244 agentes.