Esa imagen, y los aportes que desde el llano efectuó a la Justicia , siempre cercano al radicalismo, hicieron de él un número puesto a la hora de designar un Ministro de Justicia, cuando Fernando de la Rúa asumió el 10 de diciembre.
Gil Lavedra ya no es aquel hombre de la imagen congelada ante el horror del pasado, y a veces, para mal o para bien, en carne propia, también se debe asumir que tampoco dispone del mismo tiempo que antes, debido a sus múltiples actividades al frente de la cartera .
Desde que comenzó a barajarse su nombre, Diario Judicial procuró un reportaje con el nuevo ministro. Su ajustada agenda hizo que el encuentro, dos meses después, se condensara en tan sólo 20 minutos de su tiempo, obviamente insuficientes, durante los cuales admitió que si bien la Justicia no se encuentra en emergencia, porque sigue funcionando, atraviesa “una situación de apremio”.
Gil Lavedra es una acérrimo defensor del Consejo de la Magistratura, creado con la Reforma del 94 y sostiene que ese cuerpo “es la piedra angular de toda demanda de justicia de la sociedad”. Sin embargo, durante la entrevista , admitió que “no es razonable que se pierda mucho más tiempo” en la designación de jueces, “porque las expectativas sociales son muy fuertes y cien juzgados vacantes afectan seriamente el funcionamiento de la Justicia”.
Respecto de las investigaciones judiciales por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. El Ministro de Justicia aseveró que “el gobierno tiene la más firme voluntad política de hacer todos los esfuerzos para avanzar en el esclarecimiento de los atentados”, por lo que se hace necesario “un último esfuerzo”. En un salpicado ida y vuelta de preguntas y respuestas, Gil Lavedra se mostró contrario a los reclamos del juez español Baltazar Garzón por la extradición de 48 militares para juzgarlos por hechos ocurridos durante la dictadura, bajo las leyes españolas. “El derecho argentino se tiene que aplicar a los hechos ocurridos en la Argentina. Vamos a defender la jurisdicción argentina porque esa es nuestra obligación”, enfatizó.
Ante una consulta puntual sobre sus relaciones con la Corte Suprema de Justicia responde casi en términos protocolares que son “correctas y cordiales”, pero no se priva de señalar las diferencia de actitudes asumidas por ambos poderes a la hora de presentar las declaraciones juradas de bienes. “Nosotros nos vamos a sujetar a las normas que dictó el Congreso”, enfatiza al distinguir la actitud de la Corte, que rechazó el envío de las declaraciones a la Comisión Nacional de Etica Publica. El siguiente es el texto completo de la entrevista:
Dju: ¿Ministro,cómo se evalúa hasta el momento la relación con el Poder Judicial, partiendo de aquello de una salida no traumática a los cambios que se pretenden introducir en la Justicia, dentro de un proyecto del gobierno?
GL: Hasta el momento las relaciones han sido correctas y cordiales. Es verdad que ha habido muy poco tiempo, porque si bien nosotros llevamos menos de tres meses de gestión no ha habido tres meses de actividad judicial, con lo cual no hemos podido completar lo que pensábamos hacer que era por ejemplo una visita a todas las Cámaras, pero lo iremos haciendo seguramente a partir de marzo, porque ahí queremos plantear algunas cuestiones concretas. Hasta el presente las relaciones son muy buenas, como debe ser, cada uno en el ámbito de sus respectivas cuestiones.
Dju: ¿Cuáles son las posibilidades concretas del una emergencia judicial? ¿Una medida de este tipo evidencia algún tipo de conflicto, en cuanto a las demoras en un nombramiento de los jueces por parte del Consejo de la Magistratura?
GL: Preferiría no hablar de emergencia judicial porque hay areas en la Justicia que están funcionando correctamente, resolviendo los casos que se presentan. Sí hay areas duales en las cuales se advierte con mayor o menor intensidad que existe una crisis. La propuesta que estamos estudiando es tratar de superar estas urgencias coyunturales, lo que no quita que uno de nuestros objetivos del mediano plazo sea el de plantear reformas profundas, mas estructurales.
Dju: Dentro de esos casos, dentro de esa crisis se podría encuadrar el traspaso de dos salas y varios juzgados del fuero laboral a la justicia previsional?
GL: El fuero previsional se encuentra en una situación muy mala, casi desesperante. Por el contrario, los registros que tenemos del movimiento de expedientes demuestran que el fuero laboral se encuentra particularmente aliviado. No existe todavía un proyecto porque el presidente no ha enviado nada al Congreso. Estamos estudiando si esto es factible. La Cámara del Trabajo, que nos vino a ver, emitió sobre la base de versiones peridísticas una acordada dando distintas razones por las cuales veía que el proyecto era malo, inconveniente y que en el futuro iba a representar una acumulación de causas en el fuero. La proporción de ingreso de expedientes entre el fuero laboral y el previsional es uno a cuarenta. En la actualidad un ingreso mensual de veinte causas por juzgado laboral es muy escaso.
No nos anima el propósito de mejorar el fuero previsional para desmejorar el Laboral; eso sería ridículo. Queremos que haya una buena prestación de servicios en todos lados buscando optimizar los recursos existentes. Esto requiere que haya criterios objetivos, y también que haya cierta solidaridad en la cual, si hay algún sector de la Justicia que esté en peores condiciones que otro, los que estén mas aliviados puedan disponer alguna afectación momentánea de los recursos de un fuero para otro. Porque nos interesa la prestación del servicio de justicia en general. No estamos a favor del previsional y en contra del laboral.
Dju: ¿Este conflicto podría ser un ejemplo de cierta resistencia a introducir cambios que se perciben en el Poder Judicial, o citando casos concretos, los planteos contrarios al rol de la oficina de anticorrupción como querellante, por parte de Arslanián?
GL: Esto forma parte de la dinámica de cualquier pleito. El Estado tiene la obligación de tratar de perseguir los hechos ilícitos y ejercer y ejercer la acción penal pública; el imputado tiene el derecho a resistir esa pretensión y con todos los remedios que le otorga el ordenamiento jurídico. En ese sentido si se trata de un cuestionamiento judicial lo resolverán los jueces. No creo que ese sea un inconveniente. Yo creo que la oficina tiene facultades pero creo que no tengo que emitir opinión si un imputado se definende en determinada causa.
Dju: Hablemos del nombramiento de los jueces. El presidente de La Rúa se quejó por el tiempo en que tardan en ocuparse las vacantes. ¿Usted cree que son los adecuados los plazos que maneja el Consejo de la Magistratura?
GL: El Consejo de la Magistratura es una pieza clave en el funcionamiento de la Justicia, porque tiene como tarea nada mas ni nada menos que la de seleccionar a los jueces, administrar los recursos de Justicia e incluso imponerles sanciones disciplinarias y promover el apartamiento de los que se desempeñen mal.
Creo que el Consejo de la Magistratura es la piedra angular de toda demanda de la sociedad. Es un órgano nuevo que tuvo y está superando cuestiones de competencia con la Corte, forcejeos que son propios de toda institución nueva. Tuvo que instalarse, organizarse, dictar su reglamento y ha comenzado con los concursos. Por supuesto que es de esperar que esto se pueda hacer lo mas rápido posible. No es razonable que se pierda mucho mas tiempo, porque las expectativas sociales son muy fuertes.
De todas maneras el Consejo está actuando. Hay otra circunstancia que hay que atender: estamos llegando al centenar de juzgados vacantes. Cien juzgados vacantes afectan seriamente el funcionamiento de la justicia. Hay que buscar algún remedio y entre todos.
Dju: ¿Qué posibilidades hay de establecer un sistema de subrogancia o que sean convocados jueces jubilados?
GL: Ese es el proyecto del propio Consejo de la Magistratura. Hay leyes vigentes que preveen la posibilidad de convocar a jueces jubilados. Lo del interior del país también es importante porque las leyes vigentes autorizan a nombrar como jueces a abogados de la matricula, que es lo que está ocurriendo, y esto cuando las vacancias son prolongadas no es bueno. Tenemos un problema que debemos resolver entre todos los actores: el Congreso, el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo. Tenemos que buscar alguna solución. Esto no quiere decir que se pueda optar rápidamente por alguna de estas propuestas alternativas, porque tiene su costo.
Hay que buscar alguna manera para que los concursos sean más rápidos. Alguna solución transitoria que respete la legalidad. Hay que hacerse cargo también que se trata de una función muy delicada, la de ser juez.
Dju: ¿Entonces, sí existe una emergencia judicial?
GL: Bueno, en este caso digamos que se trata de una situación de apremio...
Dju: Usted, antes de ser ministro, pero ya designado para ese cargo, dijo en una revista de los Abogados de la Capital que le preocuparia que el Consejo de la Magistratura se dedicara solo a una actividad de contralor de los actos jurisdiccionales de los jueces. Aún sostiene eso?
GL: Los jueces obviamente no pueden ser enjuiciados por las opiniones que emiten en sus sentencias, porque la corrección de estas está en manos de los tribunales superiores. Pero si cuando el contenido de las sentencias de los jueces revela otra cosa diferente. Es decir, cuando revela un claro apartamiento de la tarea de juzgar. Por supuesto que no cuando significa opiniones de los jueces o valoraciones de acuerdo a la aplicación del derecho positivo. Hacer lo contrario afectaría incluso a la propia independencia de los jueces. Sí, en los casos en los cuales se está buscando a través de determinadas sentencias es otra cosa.
Dju: ¿El presupuesto para la designación de jueces y funcionarios del nuevo fuero Penal Tributario, de dónde va a salir?
GL: Tiene que salir del presupuesto regular. No está contemplado en el presupuesto normal del año 2000. La Ley contempla una cláusula que se va a poner en funcionamiento obviamente cuando estén los recrursos. Y esto va a depender de una decisión política del Poder Ejecutivo, que asigne las partidas para ponerlo en funcionamiento o no.
Dju: ¿Usted habló con el juez Galeano de impulsar nuevamente la investigación del atentado a la AMIA a partir de la creación de un cuerpo especial de fiscales?
GL: En realidad lo que se habló fue de concentrar las fuerzas del Estado en una única fuerza coordinada por el Ministerio Público que se encargue de la investigación. El gobierno tiene la más firme voluntad política de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para avanzar en el esclarecimiento de los atentados. Son hechos muy difíciles, han ocurrido hace muchos años, llevan muchos años de investigación y por eso considero que es necesario hacer un último esfuerzo de parte del Estado que tiene la obligación de hacerlo.
Hay que ver de qué manera podemos pegar un salto hacia delante en la investigación. En consecuencia estamos conversando y buscando la mejor manera para que esto ocurra. Esta es la alternativa que se está analizando que, por supuesto, no depende solamente del Gobierno, sino también de otros organismos como la Procuración General, por ejemplo.
También es necesario que la causa avance con la elevación a la instancia de juicio oral de la parte que está terminada, que es la de los policías. Creo que hay que atender las causas accesorias, porque de ahí pueden surgir los elementos útiles tanto como en el juicio oral. Por otro lado se hace necesario pegar algún golpe fuerte en la investigación. Habíamos pensado que esta podría ser una alternativa, la de concentrar las fuerzas estatales en una sola unidad encargada de la investigación.
Dju: El juez español Baltasar Garzón ha reclamado la captura de 48 militares argentinos la decisión está en manos del juez Literas. ¿Desde el gobierno cuál es la posición al respecto de ese reclamo?
GL: La base del sistema jurídico es que el pueblo argentino goza de facultades irrestrictas para poder organizar sus instituciones, para poder dictar las leyes y que estas leyes que dictan las instituciones de acuerdo a nuestra propia organización, son las que rigen dentro del territorio. Dicho de otra manera, las bases de nuestra organización establecen que el derecho argentino se tiene que aplicar a los hechos ocurridos en la Argentina. Este es el punto de partida no solamente para el caso de España sino para cualquier otro. Vamos defender la jurisdicción argentina porque es la nuestra obligación primaria Hemos jurado defender la Constitución y las leyes argentinas y ésta es la manera de defender los intereses de la República. Los hechos que ocurran en la Argentina caen bajo la jurisdicción de las autoridades argentinas. El gobierno va a defender este principio y no que los hechos ocurridos en la Argentina puedan ser entendidos bajo el conocimiento de Australia, por dar un ejemplo.
Dju: ¿Hay una tendencia actual para este tipo de planteos supranacionales, una tendencia hacia una justicia global?
GL: Son casos diferentes porque lo que se pretende en la causa de Garzón es aplicar el derecho español . En el caso Pinochet se aplica el Derecho Internacional, una convención internacional.
Dju: Por último nos gustaría conocer su opinión respecto de la decisión de la Corte de preservar bajo su tutela las declaraciones juradas de los jueces y funcionarios
GL: Es la opinión de la Corte sobre qué es lo que debe hacer en el ámbito de su jurisdicción. En el caso del Poder Ejecutivo, nosotros nos vamos a sujetar plenamente a las normas que dictó el Congreso, y es más, el Poder Ejecutivo se encuentra bajo un doble control de la Comisión Nacional de Etica Publica que creó la Ley de Etica Publica, y bajo el control de la Oficina Anticorrupción, que se encuentra en nuestra dependencia.
El Poder Ejecutivo, por el contrario, piensa en el que es necesario resguardar el principio constitucional que refiere a la necesidad que los funcionarios públicos no se enriquezcan en las funciones de gobierno, y que esto tenga que ser transparente y abierto. Nosotros nos vamos a sujetar plenamente a la Ley.
La Ley alcanza a los tres poderes. La Corte entendió que a ella le cabían algunas excepciones y nosotros entendemos que al Ejecutivo nos ex aplicable. Nosotros, le repito, nos vamos a sujetar a las normas que dictó el Congreso.