Según voceros cercanos al Consejo, lo que se analizará no será la cuestión abstracta, sino que el planteo apuntará a que el Poder Ejecutivo se abstenga de aceptar la renuncia de los magistrados cuando son investigados por el Consejo
. En su momento, hubo un dictamen elaborado por los consejeros Mario Gersenobitz, María Lelia Chaya y Pablo Fernández en ese sentido. Sin embargo, Miguel Angel Pichetto y el senador Augusto Alasino en disidencia habrían declarado que la renuncia de los jueces es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y su ejercicio tiene un marcado conocimiento expreso por la Constitución Nacional. También los jueces integrantes del Consejo Claudio Kiper y Javier Fernández Moores en la misma línea de pensamiento indicaron a Diariojudicial.com que “es una facultad del Poder Ejecutivo aceptar la renuncia de los jueces”. Fernández Moores, además señaló que sería necesario establecer una “inhabilitación a los jueces” que presentan sus renuncias y son investigados por mala conducta.
El consejero Fermín Garrote redactó una nota, en su momento, explicando que le fue recordado al Ministerio de Justicia de la Nación que el Consejo de la Magistratura no puede seguir investigando a los jueces acusados si el Ejecutivo les acepta la renuncia.
El juez Bruno fue investigado ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, por presuntos apremios ilegales a un detenido, en el marco de la causa por la que se investigaba el denominado “robo del siglo” .
El 20 de diciembre de 1996, un grupo de delincuentes asaltó la empresa Firme S.A, y robó 18 millones de pesos en un episodio que fue denominado “el robo del siglo”. La investigación recayó en el juzgado de Bruno, quien ordenó la detención del pai umbanda, Luis Betancur, y del ex custodio de la empresa Jorge Trillo, quien denunció haber sido golpeado por policías en la comisaría.
A Bruno lo denunció ante la Comisión el consejero Mario Quiroga Lavié, en base a un fallo del Tribunal Oral número 9 que declaró “nulo” todo el procedimiento, por supuestos apremios ilegales a un detenido.
El magistrado fue denunciado por “consentir torturas” y en su declaración ante los miembros de la Comisión de Acusación, se defendió con una fotografía que presentó como prueba ante las acusaciones.
Bruno, exhibió esa fotografía ,que le fue suministrada por un diario porteño, en la que aparece con una indumentaria diferente a la denunciada por un preso, quien aseguró haberlo visto mientras toleraba apremios ilegales.
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