El proyecto fija penas de dos a diez años de prisión y contempla multas de hasta diez veces el monto del dinero blanqueado, penas que se harían extensivas a aquellas personas que, sin haber participado de modo directo en el delito "intervinieren en la inversión, venta, pignoración, transferencia, transporte, o cualquier otro acto jurídico referidos a las cosas o bienes" provenientes de esas maniobras "con la intención de ocultar el origen ilícito".
Esas sanciones serán aplicables siempre y cuando el valor de lo ocultado sea superior a los cincuenta mil pesos.
Respecto de las penas, las mismas se elevarán a los cinco años de cárcel cuando el capital lavado sea superior a los 200 mil pesos, o cuando se realice el hecho con habitualidad, por parte de miembros de una asociación ilícita, o sea funcionario público, en el ejercicio de sus funciones.
La diputada radical Elisa Carrió, una de las más férreas opositoras a que la Unidad de Información Financiera (UIF) quedara bajo la órbita de alguna cartera del Ejecutivo, porque iba a perder "independencia" en la lucha contra el lavado de activos, deslizó hoy que el proyecto, que necesita de los dos tercios de la Cámara Baja para su aprobación "no había quedado tan mal", según hicieron saber sus voceros.
Cuando los senadores de su misma extracción política, plantearon que esta Unidad dependiese del Banco Central o del Ministerio de Economía, Carrió en una postura encontrada, levantó la bandera de la autarquía, y podría volver a insistir con ello cuando la ley se trate en la Cámara de Diputados, aunque según las fuentes, no le desagrada la idea de que la Unidad de Información Financiera pase a la orbita del Ministerio de Justicia.
El bloque justicialista de la Cámara Alta, propuso un "recurso de reconsideración" , de un artículo que ya se había votado, propuesto por el radical José Genoud quien iba a votar en contra de su propio proyecto, pero el PJ aceptó el texto.
Angel Pardo, (PJ Corrientes) pidió que se agregue el "dolo eventual". "La pena será para quien lave dinero con conocimiento o sospecha sobre el origen de los fondos". Ahora la ley castiga con penas de "dos a diez años y una multa de dos a diez veces del monto implicado".
Esta sanción es para aquel que sin haber sido autor o partícipe del delito interviniese con conocimiento o sospecha en la inversión, venta o transferencia, con la intención de ocultar el origen ilícito cuando el valor ocultado sea superior a los 50.000 pesos.
Los senadores votaron un párrafo que prevé mayores penas en estos casos:
--"El mínimo de la escala penal será de 5 años de prisión cuando el monto de lo ocultado sea superior a los 200 mil pesos".
--"Los funcionarios públicos que participen del lavado de dinero en ejercicio de su cargo, recibirán la pena de inhabilitación especial y absoluta".
De esta forma la norma contempla penas más rígidas para los bancos, agentes de bolsa y profesionales que intervengan en el delito y se pena el "dolo eventual" para quien continúa en esta acción bajo la sospecha del origen de los fondos.
Según lo votado anoche, se agregará un funcionario del Ministerio de Economía a la (UIF), para investigar los casos de lavado.
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