En su resolución, Tocagni determinó además como "partícipe necesario" al camionero Ernesto Zubeldía, quien permanecerá detenido al igual que Pavlov, uno de los propietarios de una empresa transportadora, y Straguzzi.
Con respecto al guarda aduanero Ignacio Costanzi, la justicia lo procesó por incumplimiento del artículo 868 del Código Penal, referido al empleado público que posibilita el contrabando, aunque quedaría en libertad ya que ese delito es excarcelable. Otro de los inicialmente sospechados, el despachante del transporte aduanero Sergio Daniel Verón, fue sobreseído sin ningún tipo de reproche por el juez, que consideró su actuación "perfectamente correcta".
Al ser consultado por la situación procesal de José Di Dío, empleado de la empresa transportista, Tocagni subrayó que "estoy por definir su situación", mientras que a otro de sus propietarios, Nicolás Pavlov, el magistrado le dictó la "falta de mérito" y quedó en libertad, aunque seguirá comprometido con la investigación.
El origen de la causa se remonta al 13 de marzo último, cuando la fábrica de herramientas viales Ingeniería Guerra se incendió y provocó la detonación de elementos de alto nivel explosivo, causando tres muertos, entre ellos el propietario de la planta, Ceferrino Guerra, y 47 heridos.
En ese sentido, se determinó que un camión de la empresa propiedad de los Pavlov salió con una carga de explosivos desde la ciudad bonaerense de Olavarría, con destino a Río Grande y Ushuaia.
El juez federal Carlos Tocagni investiga, a partir del siniestro, el contrabando de explosivos desde la provincia de Buenos Aires a Tierra del Fuego y su triangulación con Chile.