En una presentación efectuada ante la fiscalía federal a cargo de Gabriela Ruiz Morales, el magistrado recordó que, de acuerdo con las informaciones coincidentes publicadas por distintos medios, la causa judicial Renault (Ciadea) está en pleno trámite sumarial" y lo que "es peor aún no se ha elevado a tribunal oral, o sea evidentemente no hay sentencia".
Al respecto, expresó que "las multas para estos casos están previstas como penas Accesorias en el artículo 876 del Código Aduanero; es decir accesorias a la pena principal que sería la privación de la libertad".
"Al no haber sentencia no puede haber condena de prisión y con mayor razón, jamás podría existir una multa", advirtió el magistrado, quien pidió que se investigue a los funcionarios de la AFIP por la difusión de esa presunta sanción a través de los medios "48 horas antes de la llegada al país del Canciller de Francia Hubert Vedrini, quien en su agenda tendría programado tratar entre otros temas, el de inversiones de capitales en nuestro país".
"Esa promovida noticia no sólo tuvo gran difusión nacional, sino también gran trascendencia internacional produciendo posiblemente un golpe mortal a la seguridad económica argentina y también posiblemente afectando las intenciones de inversión extranjeras en nuestro país con seguramente graves consecuencias en desmedro de los económico y social de nuestra Nación", resaltó.
Cruciani, sostuvo también que mas allá del presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, surge manifiestamente que en realidad no existe en la actualidad ninguna multa; que se trata "de una gran fábula" y que "independientemente de ello se empleó la estructura estatal para ese accionar".
Por ultimo reseñó que dicho accionar tuvo como propósito "complicar la relación internacional económica entre Francia y la Argentina", "trasladar dudas e inseguridad a los demás inversores extranjeros"; "cubrir y disimular con esta cortina de humo los últimos grandes ilícitos aduaneros descubiertos por la justicia y la Policía Federal" y "asegurar la inmovilidad funcional ya que si el gobierno tratara de efectuar la nombrada reestructuración de la AFIP, reclamada por la opinión publica, por esta distorsión quedaría mas que una reestructuración para lograr eficiencia, todo lo contrario".