La Cámara de Casación enviará en las próximas horas las actuaciones al COSUFA. luego de que el fiscal ante el tribunal Pedro Narvaiz decidiera su inhibitoria, habilitando así el reclamo de competencia planteado por el tribunal militar.
Ahora el COSUFA se verá obligado a plantear nuevamente a Bagnasco que se inhiba y le remita el expediente, pero se descuenta que el magistrado rechazará ese reclamo planteando nuevamente su competencia que, en esa instancia llegaría a manos de la Corte.
El COSUFA se declaró competente ante un reclamo del ex titular del Comando de Institutos Militares, el general Santiago Omar Riveros, quien al ser citado por Bagnasco se negó a comparecer, y pidió la intervención de la justicia castrense para juzgar sus actos. De acuerdo a lo que establece el Código de Justicia Militar, el fiscal ante el COSUFA, brigadier Oscar Massoni, estaba obligado a apelar la decisión del tribunal castrense, pese a compartir el planteó de competencia formulado por sus integrantes. El fiscal Militar sostuvo que por Ley estaba obligado a "apelar" pese a compartir los argumentos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En su pronunciamiento el fiscal Narvaiz sostuvo que como e trata de una apelación "forzada" por parte de su par de la Justicia militar no correspondía ingresar al fondo de la cuestión y dijo que no correspondía "mantener" la apelación por lo que quedó firme la resolución del consejo de pedir la inhibitoria.
La resolución de la Cámara de Casación de remitir las actuaciones al Consejo chocó con otro inconveniente: La Sala Cuarta de ese tribunal, que tiene a su cargo las cuestiones militares, se encuentra con dos juezas de licencia, Ana Capoluppo, y Amelia Berraz de Vidal. El tercer integrante, Gustavo Hornos, le planteó al presidente Eduardo Riggi, que él había sido acusador de dos apropiadores, cuando se desempeñaba como fiscal general ante la Cámara Federal.En los años 90 Hornos pidió penas de prisión contra el ex comisario de la Policía Bonaerense, Samuel Miara, y contra el ex miembro de la Triple A, Eduardo Ruffo, quien esta vinculado con las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino conocido como "automotores Orletti". De ese modo la resolución debió adoptarse por la designación de otros de los camaristas integrantes de ese alto tribunal.