El Alto Tribunal acordó el traspaso transitorio de los empleados laborales --con rango de prosecretario para abajo-- quienes no revisten la categoría de funcionarios de la Justicia, un mes después de la acordada por la cual le había recriminado a las Cámara Nacional de la Seguridad Social y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial haber "realizado gestiones ante el Ministro de Justicia con el objeto de superar necesidades funcionales de dichos fueros", al reafirmar su carácter de "cabeza del Poder Judicial".
En esa línea, la Corte se hizo eco ayer de los reclamos y las advertencias respecto de un virtual colapso en el seno de ambos fueros y resolvió el traspaso transitorio de los empleados a partir del primero de mayo, provocando la enérgica reacción de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, cuyo secretario General, Julio Piumato anunció el "estado de alerta y movilización" del gremio, y denunció que la medida "trunca la carrera judicial de los empleados transferidos" y aleja las posibilidades de su escalafonamiento en el fuero de origen.
En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que "la adscripción obligatoria (de empleados) es el instrumento más apropiado para contribuir a satisfacer, transitoriamente, las ostensibles necesidades funcionales puestas de manifiesto" por las Cámaras.
En ese orden, la Corte dispuso la adscripción de los 68 empleados --a razón de uno por juzgado-- de los tribunales de Primera instancia del fuero laboral, partiendo del 1 al 38, que quedarán afectados a la Cámara Comercial y del 39 al 68 a la de la Seguridad Social.
La Cámara Nacional del Trabajo deberá encargarse de la confección de la lista de los empleados que serán "transitoriamente desafectados", previa selección efectuada por los magistrados "sobre la base del consentimiento del agente y de preservar el adecuado funcionamiento del tribunal" que dejan.
Piumato advirtió también que lo que tendría que haber sido "una jornada de júbilo" para los empleados judiciales se transformó en todo lo contrario, debido a la medida de la Corte. El dirigente hizo así referencia a una decisión del Consejo de la Magistratura que, por unanimidad, ratificó el reescalafonamiento del personal judicial, aprobado en abril de 1999, y resolvió insistir ante la Jefatura de gabinete para obtener la reasignación de partidas "arbitrariamente recortadas del presupuesto del 2000 para ponerlo en funcionamiento".
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