La Unidad de Información Financiera (UIF), para pesar de la diputada radical Elisa Carrió, partidaria de la autarquía, quedará finalmente bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Luego de un arduo debate, donde Carrió, insistente si los hay, trató de convencer a un grupo de sus pares para que la acompañen en su oposición.
Pero tanto el bloque justicialista de diputados como senadores de su misma extracción política y el gobierno Nacional esperaban que la (UIF) dependiera del Ejecutivo. Entre dientes, Carrió mascullaba que esa Unidad corría riesgo de politizarse demasiado, a pesar de los consejos del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, para que la UIF dependiera del PEN.
La Unidad de Información Financiera investigará de ahora en más casos en que el dinero es causal de sospecha de provenir del narcotráfico, como también tendrá el poder de realizar allanamientos con orden judicial, pedir información ,controlar sistemas de control y sancionar.
Estará compuesta por 11 integrantes cinco expertos en temas financieros, penalistas y criminólogos, un funcionario del banco Central, de la AFIP, uno de la Comisión Nacional de Valores, un miembro de la Secretaría de la Lucha contra el narcotráfico, uno del Ministerio de Economía y otro de la cartera de Justicia. La UIF tendrá la facultad para pedir el secreto bancario a través de una orden judicial.
Esta ley además de limpiar el dinero proveniente del narcotráfico, también será útil para prevenir delitos vinculados al contrabando de armas, actividades desde una asociación ilícita, fraude contra la Administración Pública, abuso de menores y pornografía infantil.
También será llevado a prisión el que administre, transfiera, convierta y venda el dinero que proviene del narcotráfico. Serán sometidos a penas aquellos que sean cómplices de estas operaciones financieras. La pena abarcará de dos a diez años de prisión con multas del 20 al 150 por ciento del total de la operación.