La denuncia se originó por la privatización del Banco de la Provincia de San Luis que fuera adquirido por el Banex y aprobada, pese a los planteos judiciales en contrario, por el Superior Tribunal puntano que -según el denunciante Miguel Angel Jofre Papaño, está sometido a los dictados del gobernador. También se incluye el delito de prevaricato contra varios jueces y fiscales. Por ese estado de desamparo judicial, los demandantes recurrieron a la Corte para que intervenga en calidad de juicio originario.
La privatización del Banco de la Provincia de San Luis fue considerada -dice la denuncia ante la Corte- como el acto de (supuesta) corrupción de mayor repercusión social en esa provincia. Dicho acto jurídico comenzó con la transformación del banco en Sociedad Anónima mediante un contrato público de constitución social. Se sostiene que dicho instrumento fue otorgado, al igual que todos los actos jurídicos posteriores al mismo, fuera del marco legal correspondiente, es decir, cuatro años más tarde de extinguido el plazo legal que autoriizaba la ley nacional Nro. 23.696 de emergencia administrativa y reforma del Estado. "Por lo tanto -afirman- todo el proceso de privatización del banco provincial fue constituído por actos inexistentes o nulos, de nulidad absoluta, habida cuenta que dicho proceso fue llevado a cabo dolosamente al margen de la ley". Papaño alega que su denuncia por fraude y prevaricato en la privatización del Banco de San Luis se encuentra perdida o escondida en un cajón del Juzgado del Crimen Nro. 2 de la Ciudad de San Luis, a cargo de Carlos Varela, secretaría de Rita del Valle Seschin".
El denunciante considera que "el grado de participación criminal de las autoridades del Banco Central de la República Argentina en los delitos de estafa a terceros y fraude a la administración pública es evidente, en tanto y en cuanto, desde el inicio de la Constitución como persona de derecho privado del ex Banco de la Provincia de San Luis, todo el proceso de privatización estuvo bajo su conocimiento, contralor y superintendencia en virtud de las obligaciones impuestas por la ley de Entidades Financieras 21.526 que impone el BCRA como ente regulador y de aplicación respecto de todos los bancos y entidades financieras del país". También la presentación ante la Corte describe una gravedad de extremo institucional como es la presunta inexistencia del Estado de Derecho en San Luis ya que el Poder Judicial, último reducto al cual puede recurrir un ciudadano en procura del reconocimiento de un derecho, se hallaría sometido al control de Rodriguez Saá. Por ello pide la intervención del Poder Judicial puntano, por lo que ante la imposibilidad de recurrir a la Justicia provincial, se presenta ante la Corte Suprema para restablecer ese derecho constitucional. Los denunciados en la esfera estatal son, además de Rodriguez Saá, el representante del gobierno provincial, Hurgo Enrique Marín; el representante del Banco de San Luis, Luis Antonio Amitrano; los fiscales de Estado provincial, Victor Nicanor Liceda, Mario Edgar Zavala, Liliana T. Negre de Alonso y Marcelo Genaro Neme; el director Provincial de la Inspección de Personas Jurídicas, Julio César Fages; el fiscal de primera instancia del Poder Judicial, Sonia C del Rosario Fernández de Vargas; la fiscal de cámara, Diana Bernal y a los camaristas civiles Catalina Chada, Osvaldo Suriani y Carlos Jorge Cacase.
La acción penal contempla los siguientes pedidos de nulidad de los siguientes actos jurídicos: 1) privatización del ex banco provincial concretado el 3 de noviembre de 1995; 2) legislativo del 25 de noviembre de 1991 que sancionó la ley provincial 4.729 que prorrogó "en forma fraudulenta" la situación de emergencia administrativa en la Provincia; 3) administrativo por el cuál se dictó el decreto 104, publicado en el Boletín Oficial el 26 de febrero de 1992 por el cuál se dispuso "en forma fraudulenta" transformar en sociedad anónima al citado banco y convocar a una licitación; 4) resolución administrativa 543 del 23 de agosto de 1996 y de su contrato de ratificación de fecha 23 de octubre de 1996 ante la escribana Elena Rodriguez y 5) del juicio caratulado "Banco San Luis SA, solicita inscripción en el Registro Público de Comercio"que tramitara ante el juzgado de Paz Letrado y Registral a cargo de Luis Alberto Burroni. Por ese caso existe otra denuncia penal por extravío del expediente.
El reproche criminal contra los directivos del Banco Exprinter se basa en su conocimiento de las características del negocio. "Este conocimiento implica el dominio perfecto de la situación en que se desarrollaron esos hechos y los distintos pasos que se cumplieron hasta culminar el proceso de privatización y entrega de los activos fijos y créditos litigiosos que integraban el patrimonio del banco provincial privatizado, ahora en manos de su nuevo comprador. Para ello, además de los propios otorgantes del acto jurídico de adquisición, intervinieron contadores y abogados de ambas partes, que controlaron y dirigieron la operación financiera y que, por lo tanto, no podrán alegar ignorancia de lo que estaban haciendo ni, menos aún, ninguna suerte de engaño para ellos, por la sencilla razón de que se trató de una operación en común llevada a cabo con el solo fin de defraudar al Estado provincial y a los terceros afectados", agrega la denuncia.
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