Primer respuesta de la Justicia al discurso del Presidente

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso en horas de la mañana de hoy la detención del presidente de la empresa Alar Química S.A., José Antonio Burgos, a quien la AFIP le imputa responsabilidad penal en una maniobra de evasión por mas de 2.000.000 de pesos. Incluída en una nómina de beneficiarias que podían acreditar su condición de adquirentes exentos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, la empresa habría adquirido a las firmas Y.P.F. y D.A.P.S.A. la cantidad de 4.343.196 litros de combustible sin el gravamen de 0,48 centavos por litro en el período de un año, en el marco de la Resolución General 242 de la D.G.I. que establecía que el material adquirido con ese beneficio debía ser sometido a un proceso de elaboración posterior. Fue entonces que luego de una inspección de la misma AFIP, se detectó que la firma habría desarrollado una actividad engañosa de simulación en el manejo del combustible ya que no contaría con real capacidad de infraestructura para llevar a cabo un proceso de industrialización del combustible, requisito esencial del beneficio. Por la calificación de la conducta imputada se trata de un delito en principio no excarcelable. Ello motivó que el juez ordenara la detención de Burgos a los fines de que preste declaración indagatoria, medida que pese a los allanamientos ordenados en dos domicilios de la Capital Federal no pudo cumplirse al no ser encontrado por la Policía Federal. De todos modos, resulta llamativo como la DGI no tomó los recaudos necesarios a fin de evitar la consumación de una maniobra de estas características desarrolladas a lo largo de un año. Sería bueno que quien debiera impedir en tiempo oportuno estas prácticas ilícitas sepa brindar las explicaciones del caso.

dju / dju