La denuncia fue formulada por el abogado Luis María Llaneza y quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
Llaneza sostuvo que "teniendo presente la cadena de mando que rige en todo tipo de fuerza armada se responsabiliza tanto al ministro del Interior como al Secretario de Seguridad, quienes por sus funciones jamás debieron ignorar la producción de estos hecho".
En su escrito de cinco carillas, el abogado también hizo extensiva la responsabilidad por "la salvaje represión" a "los agentes de policía que intervinieron en el hecho" y a los que "trasladaron a los policías detenidos a los Tribunales de Comodoro Py el 21 de abril".
Respecto de los funcionarios aludidos, Llaneza pidió que se los investigue en orden a los delitos previstos y reprimidos por los artículos 94, 144 bis, 248 del Código Penal y 1 de la ley 23.592, que en términos generales aluden a lesiones, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público.
Respecto de Storani y Mathov el letrado pidió que "se proceda al desafuero" a los efectos que correspondan penalmente y a todos los demás imputados se los cite a prestar declaración indagatoria; se decrete el procesamiento y prisión preventiva y posteriormente se los "condene al máximo de la pena prevista".
Llaneza sostuvo en su denuncia que los policías involucrados "actuaron fuera de todas las normas que regulan su funcionamiento", a lo que debe sumarse que "los miembros de la fuerza policial que trasladó a los policías a Comodoro Py incumpliendo sus funciones no esposó a ninguno de los policías detenidos por lo cual los privilegió por su condición de policía".