El caso Menéndez era seguido con atención desde el gobierno tras las escaramuzas que se sucedieron durante el fin de semana en torno a su situación y las de otros ex jefes militares, detenidos por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lazcano, quien investiga la "verdad histórica" respecto del destino que corrieron personas desaparecidas durante el régimen, y en particular el caso de 30 militantes políticos fusilados en una unidad penitenciaria de la provincia mediterránea.
La víspera, Menéndez, quien permanecía desde el viernes detenido por orden de la magistrada, se negó nuevamente a prestar declaración como testigo, por lo que se ordenó su permanencia como detenido en la Cuarta Brigada de Paracaidistas, hasta tanto compareciera interviniera ante el juez interviniente en la causa por la negativa a testimoniar.
Mientras tanto, las miradas están apuntadas a la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala Militar) la que deberá resolver una cuestión de competencia planteada por el teniente coronel en actividad Julián Oscar Corres, cuyo caso podría constituirse en "testigo" para que la justicia determine si los militares acusados por violaciones a los derechos humanos y beneficiados luego por las leyes de obediencia debida y punto final, está obligados a declarar "en su contra" pese a que las causas que llevan adelantes distintas cámaras federales de todo el país no tengan acusados, sino que sólo busquen establecer el destino de los desaparecidos.
Corres, a quien la Cámara Federal de Bahía Blanca citó como testigo, apeló esa decisión mediante una recurso de Casación que le fue denegado, por lo que llegó al alto tribunal en queja. El militar entiende que los hechos no prescriptos deberían ser juzgado por su ":juez natural" es decir el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en una actitud similar a la adoptada en la causa por el robo de criaturas durante la dictadura.
Fuentes de la Cámara de Casación altamente confiables estimaron, en dialogo con Diariojudicial.com, que en definitiva deberá ser la Corte Suprema de Justicia la que establezca un criterio unificado para este tipo de situaciones.
El militar, en su presentación sostiene que si bien en la causa por "la verdad" de Bahía Blanca "no hay imputados" se investigan "ilícitos no prescriptos" por lo que "nadie está obligado a declarar en su contra".
"La propia Cámara Federal de Apelaciones --sostiene-- incurre en el error de señalar que no tiene una pretensión punitiva la nueva investigación, en cuyo caso no es de su competencia, pero a renglón seguido destaca que los hechos objetos de esta instrucción son ilícitos imprescriptibles".