Urso allanó las oficinas de las empresas Pirelli y Siemens, las que formarían parte del grupo de firmas a las cuales ENTEL-Residual habría pagado 100 millones de pesos de más, cuando la telefónica estatal liquidó sus deudas con los proveedores.
María Julia, a poco de asumir el anterior gobierno e iniciarse el proceso de privatización de las empresas estatales, asumió la intervención de la ex ENTEL y luego se mantuvo al frente de lo que se conoció como ENTEL Residual, encargada de liquidar las cuestiones pendientes.
En ese marco, la firma Pecom-Nec habría cobrado cerca de 9 millones de pesos de más, los que fueron devueltos mediante una transferencia bancaria que recorrió bancos del Uruguay, las Islas Caimán hasta ser depositados en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina. Además de Pirelli y Siemens, figura en la lista la constructora SADE.
En esta causa, el fiscal federal Carlos Cearras le pidió a Urso que convoque a Alsogaray a prestar declaración indagatoria como jefa de una asociación ilícita.
Por su parte, Bonadío, allanó el estudio jurídico Basílico-Fernéandez Madero de esta Capital con motivo de una causa iniciada por la Oficina Anticorrupción contra la ex funcionaria, en relación con la licitación para la realización de auditorias, que permitieran a ENTEL Residual iniciar demandas contra los deudores de la empresa.
Se trata de una docena de juicios contra empresas que adeudaban a ENTEL "materiales y servicios", según informaron voceros judiciales.
En ese proceso convocado por María Julia, la licitación fue adjudicada a KPGM-Fernández Madero-Copinga SA, una Unión Transitoria de Empresas creada a tal fin.