Cerra fue acusado por los gremios judiciales que le endilgan, entre otras irregularidades, un incorrecto trato a los empleados de su juzgado.
Formularon la denuncia Julio Piumato, Isidoro Aramburu y Claudio Tolosa, Secretarios General, Adjunto y Gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, con el patrocinio del abogado Héctor Pedro Recalde.
Los presentantes dieron cuenta del “cúmulo de comportamientos irregulares del magistrado, contra la totalidad de los agentes que se desempeñan en el Juzgado Federal a su cargo”, destacando especialmente, “graves y relevantes” anomalías ocurridas en el ámbito de la secretaría penal en la que “impera una desorganización absoluta en materia de distribución y ejecución del trabajo”.
En el marco de las conductas irregulares, no acordes con su investidura, los presentantes manifestaron a modo de ejemplo la “prolongación desmedida” de la jornada de trabajo. El ejercicio de actos discriminatorios por parte del juez respecto a los agentes, infringiendo normas de derecho interno e internacional, la irregular existencia, y tramitación de los procesos de habeas corpus en trámite en el Tribunal y la desmedida delegación de funciones indelegables, que catalogaron como el producto del desequilibrio emocional del magistrado.
Indicaron también que hay un claro apartamiento a expresas prescripciones constitucionales y legales que establecen el principio de “jornada limitada”.
Señalaron que el magistrado ha adoptado medidas insólitas como la orden dirigidas a la totalidad de sus empleados a efectos de la detección de micrófonos en las dependencias del juzgado , la realización de llamadas a los domicilios particulares de los agentes a altas horas de la madrugada sin explicación, los insultos proferidos a los auxiliares y la prohibición de éstos a comunicarse vía telefónica con la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.
Asimismo, explicaron que este comportamiento repercute en el estado psíquico-físico de los empleados judiciales, tanto por el acumulamiento del trabajo por la extensión horaria que producen una baja producción laboral.
El juez Cerra habría peticionado su jubilación por invalidez, y luego del informe médico que habría indicado un 70 por ciento de incapacidad laborativa, se le otorgó el beneficio pedido, pero los informes del Anses dan cuenta que el expediente se extravió y debieron iniciarse nuevamente los trámites, por lo que el magistrado continúa en funciones.
Ante un reclamo concreto en ese sentido Cerra dijo que desde su juzgado no se había iniciado el trámite, y que tras un período de enfermedad había¨”reasumido” sus funciones.
El magistrado habría procedido en declaraciones ofensivas para uno de los secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación a un diario local, en marzo de 1999. De estas declaraciones se deduce que “el magistrado ha perdido la imparcialidad y objetividad” para instruir los sumarios administrativos. Por estas razones solicitaron la “suspensión precautoria del juez Cerra, ante el riesgo de que la conducta de éste se agrave y perjudique a los agentes, especialmente en aquellos ofrecidos como testigos, en resguardo de las condiciones de trabajo imperantes y las causas a su cargo”.
Por otra parte en la próxima reunión de la Comisión de Disciplina será tratado un informe del instructor de dicha comisión, el senador Horacio Usandizaga, quien propuso multar al magistrado por problemas en demoras de procedimiento en relación a su actividad jurisdiccional. El informe fue aprobado pero el juez hizo su descargo.
Por su parte la Comisión de Acusación tiene otra causa por la cual se acusa al magistrado de prácticas esotéricas.