El viceministro de Justicia Jorge Pérez Delgado y el subsecretario Carlos Balbín llegaron a hora temprana al juzgado de Baños, en momentos que los jueces de instrucción se encontraban reunidos con el magistrado para analizar la situación planteada a partir de las nuevas amenazas de muerte recibidas, a las que se sumaron las que fueron víctimas la jueza Wilma López y el secretario Julio Quiñones.
Al promediar la mañana, y mientras se desarrollaban las sucesivas reuniones de los funcionarios que tenían la misión de expresar la solidaridad y la preocupación del gobierno Nacional con los jueces amenazados, el Consejo de la Magistratura resolvía, en reunión plenaria presidida por Julio Nazareno, invitar a Baños y a López para manifestarle también su adhesión.
"Lo importante es que los jueces puedan proseguir sus investigaciones sin que se sientan aislados y esa seguridad también la tiene que dar el poder político. El Poder político quiere que puedan seguir investigando", enfatizó Pérez Delgado.
Pérez Delgado coincidió con Nazareno en manifestar su profunda preocupación de que, efectivos de una fuerza que es auxiliar de la Justicia, se encuentren involucrados en casos por amenazas de muerte a magistrados, hecho que el funcionario califico como de una "gravedad inusitada".
Baños, López y Quiñones recibieron pequeños ataúdes, en los casos de estos dos últimos mediante encomiendas remitidas a sus despachos en el Palacio de Justicia.
Esta situación despertó, además de las expresiones de solidaridad, la conciencia de una situación evidente: en los tribunales no existen medidas de seguridad.
Un magistrado del mas alto nivel de la Corte admitió que el máximo tribunal analiza con preocupación la cuestión de la seguridad en el edificio y recordó que existe un viejo proyecto que no se ha podido implementar por cuestiones presupuestarias.
De un día para otro, la cuestión de la seguridad salió a la superficie y en el más alto nivel de la Justicia comenzó a hablarse de la posibilidad cierta que en el Palacio ingresen personas armadas, o que delincuentes con frondosos prontuarios transiten sus pasillos y los despachos de los jueces para interesarse sobre el estado de sus causas pendientes.
El consejero aliancista Melchor Cruchaga planteó ante el plenario la necesidad de que, además de la seguridad de los jueces, se dispongan "medidas concretas respecto de la seguridad", para que no ingresen encomiendas sin ser revisadas y que no haya "gente armada dentro del edificio".
El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Alfredo Vitolo, se comprometió a llevar el problema al gobierno, así como también las demandas presupuestarias para desplegar los operativos de seguridad que se pretende implementar.
En un comunicado que reseña lo resuelto durante la reunión de hoy, los jueces de instrucción y por unanimidad, exhortaron a la Corte "para que como cabeza del Poder Judicial, arbitre los medios tendientes a revertir la situación de inseguridad en que los magistrados ejercen sus funciones, habida cuenta que la gravedad de los hechos que son de dominio público involucran a un organismo que depende de otro poder del Estado.
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