Alfredo Vítolo: "De la Rúa me encomendó alcanzar consensos"

Respecto del funcionamiento del Consejo, Vítolo aseguró que el presidente De la Rúa se mostró satisfecho por las explicaciones recibidas acerca de las demoras en la designación de jueces y la elevación al Congreso de un proyecto de Ley de Subrogancia y , en otro orden de ideas, advirtió que “el Consejo no está dispuesto a ser el receptor de los descontentos de las sentencias que no le gusten a la gente”.

El texto completo del reportaje es el siguiente:

Dju:: ¿Cuales son las medidas de seguridad que se implementarán, por las intimidaciones a los jueces?

AV: Una de las medidas primarias, que se propusieron es la protección policial a la tarde, es decir que haya protección policial en los juzgados penales en la tarde como los hay en la mañana a cargo de la policía federal.

Se ha analizado y creo que se ha avanzado en poner un detector de correspondencia , que impida que pueda poner en peligro a las personas.

Buscamos un sistema de protección y se están estudiando otras medidas que habrá que hablar con los organismos técnicos y con el comisario que tiene a su cargo la seguridad del Palacio. En Comodoro Py hay un régimen de seguridad totalmente distinto, porque allí se encuentran los juzgados penales federales.

Con el Presidente de la Corte, Julio Nazareno, estuvimos conversando y llegamos a una conclusión, que no puede ser que los juzgados penales estén concentrados en el mismo Tribunal donde se encuentra la Corte.

Dju: La palabra suya en el Consejo siempre va a ser traducida como la voluntad del Ejecutivo o del Gobierno de implementar determinadas medidas, como por ejemplo desarrollar la ciudad judicial, que va a demandar mucho tiempo, o la búsqueda de un edificio.

AV: Lo importante es tomar aquellas medidas urgentes para combatir la inseguridad que se ha planteado en estos momentos y sabemos todas las restricciones presupuestarias que tiene el Estado. Vamos a tener que buscar mecanismos para reforzar el presupuesto del Poder Judicial en todo lo que signifique inversión porque hasta este momento el grueso de los fondos del Poder Judicial están destinados al pago de gastos corrientes, papel, sueldos, servicios, etc. El problema es que el Poder Judicial hace mucho tiempo que no invierte, y esto es lo que hay que buscar. Somos concientes también de las limitaciones presupuestarias del Estado, entonces habrá que ir buscando mecanismos para solucionar estos problemas.

Dju: Como le resulta a usted esa doble función de transmitir al Consejo y al Gobierno, cuando le dicen que “no hay plata”?

AV: El Ministerio de Justicia a solicitud mía va a ayudar en algunos mecanismos de seguridad proveyendo los fondos, no se en que cantidad. Es un tema de seguridad que hoy en día es muy específico, lo trata gente que sabe y nosotros no sabemos, tenemos que hacernos asesorar, preguntar y dentro de esas recomendaciones buscar aquellas que sean posibles.

Dju: Esta cuestión tiene que ver con una respuesta fáctica, pero el trasfondo de esto es que parece un repliegue, con una posibilidad cierta de que los jueces están amenazados en sus propios juzgados...

AV: No. Aquí hay una decisión política del gobierno nacional en sus tres poderes tanto del Ejecutivo, como el Legislativo como las autoridades del Poder Judicial de garantizar a los jueces su seguridad para la administración de justicia de la mejor forma y resguardar la independencia de los magistrados. Esta decisión política es irrevocable de los tres Poderes del Estado que tendrán que irse cumpliendo a medida que las posibilidades lo permitan.

Dju: Este síntoma de inseguridad ha generado preocupación en el gobierno?

AV:Si. Hay preocupación en el Gobierno, porque no existe consolidación de la república democrática sin un poder judicial independiente y muy eficiente. Esto es una constante: los organismos económicos internacionales, los inversores nacionales y extranjeros. Todo aquel que quiera hacer inversiones en el país etc, le da una tremenda importancia a la seguridad jurídica, a la independencia del Poder Judicial y esto tenemos que atenderlo.

Dju: Su nombramiento se da en un momento en que la Corte y el Consejo estaban en pleno conflicto por una cuestión de competencias. ¿Cual es su misión específica?

AV:Mi misión, y así lo entiende el Presidente de la República es ayudar a facilitar los consensos, a buscar a través de las negociaciones el mejor funcionamiento del Poder Judicial, sin invadir jurisdicciones, ni competencias, la prueba está en que hemos avanzado en algo importante. En la actualidad hay 85 vacantes de jueces y camaristas federales. Esto resiente el servicio de justicia y lo dificulta; tenemos los concursos en trámite, pero por el mismo mecanismo del concurso son largos. Si nosotros queremos hacer concursos buenos, transparentes, y hacer los mejores, tenemos que cumplir una serie de requisitos, desde designación de jurados, pruebas de oposición, evaluación de antecedentes etc. ¿Cómo hacemos para cubrir las demanda para cubrir las expectativas de la sociedad que nos pide justicia con este mecanismo?. A instancias del Consejo, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso un proyecto de ley, donde se reconoce la facultad del Consejo de la Magistratura para la designación de jueces subrogantes que cubran temporariamente las vacantes. Eso está con estado parlamentario.

Dju: ¿Como es su rol de mediador?

AV: Creo que nadie en el Consejo, ninguno de los sectores representados quieren un conflicto, entonces es cuestión de sentarse alrededor de la mesa y conversar. En estos momentos no hay mayores inconvenientes. Están más o menos en claro las competencias de cada uno, esperemos que para bien. Se crea una comisión de enlace con la Corte que, cuando se generan algún tipo de inconvenientes, crea mecanismos de solución y busca consensos.

Dju: ¿Esta comisión está planteando el pago de los sueldos a los ex jueces, Hernán Bernasconi y Víctor Brusa?

AV Con respecto a los sueldos, es una atribución del Consejo en cuanto es el administrador del Poder Judicial por mandato constitucional. El Consejo decidió que los jueces destituidos, a partir de la fecha de su destitución dejan de percibir su retribuciones, salvo que exista una decisión judicial notificada al Consejo. El concepto que el Consejo tiene es que la destitución de los jueces ya sea con el sistema viejo por el Congreso y el sistema nuevo por el jury son decisiones políticas no recurribles judicialmente, salvo excepción podrá la Corte intervenir si considera violado alguna garantía constitucional. En ese caso será la Corte quien nos notifique que ha decidido mantener las remuneraciones hasta tanto se expida, pero en principio, juez destituido deja de cobrar.

Dju: El caso de Bernasconi, es especial, por el recurso extraordinario presentado.

AV: En nuestro concepto, no son decisiones revisables, las decisiones políticas de los órganos de la Constitución. Además la Corte Suprema, lo ha decidido así en el caso de los senadores diciendo que es un tema no judicial, un tema político. En la Constitución del 94 se ha resuelto esto estableciéndose que los fallos del jurado de enjuiciamiento son irrecurribles, no ha habido ningún caso en la historia argentina que la Corte haya revisado una decisión del Senado tomada como tribunal de juzgamiento político dentro de las facultades que le corresponden.

Dju: Hay una versión que dice que la Corte va a acatar las decisiones del Consejo.

AV: La resolución del Consejo se ha comunicado a la Corte, que actitud toma la Corte no la conozco. Pero si nosotros recibimos de la Corte una orden judicial, emitida por la Corte, en su papel jurisdiccional la vamos a tratar.

Dju: Antes que usted fuera designado, estuvieron al borde de plantear un juicio político contra los integrantes de la Corte, la misión encomendada desde el gobierno o los lineamientos en ese sentido cuál fue específicamente?

AV: Buscar acuerdos, con una posición. Las facultades del Consejo son aquellas que le establece la Constitución y la cabeza del Poder Judicial es la Corte como también los establece la Constitución. Cada cual tiene su ámbito de acción y su competencia. Hay evidentemente algunas zonas grises, y es lo que hay que consensuar.

Dju: Como ve usted el posicionamiento de las corporaciones con respecto de las causales de juicio político, ¿es verdad que hay cientos de casos de pedido de juicio político por el contenido de las resoluciones de los jueces?

AV: Pedidos y denuncias hay muchas pero que revista entidad para ser consideradas son pocas. La Comisión de Acusación hace un análisis de todo esto y en base a eso emite sus dictámenes. Muchas veces el denunciante se equivoca a lo que es la causal de remoción del magistrado a lo que es una falta disciplinaria, un reglamento una norma. El Consejo no está dispuesto a ser el receptor de los descontentos de las sentencias que no le gusten a la gente. Las sentencias tiene su solución en las apelaciones a los organismos judiciales pertinentes. No es el Consejo el que está llamado a resolver las diferencias que esto ocasiona. El Consejo tiene facultades claras de supervisión de los magistrados en la violación de normas disciplinarias y tiene facultad para la acusación ante el jury de enjuiciamiento en aquellas cosas que son auténticas causales de remoción de los magistrados que son las establecidas por la Constitución.

Dju: Cuando se conformó el Consejo, muchas opiniones de jueces y abogados era que, por tratarse de un órgano nuevo, de alguna forma se iba a entrometer la política en este cuerpo, dada su integración. ¿Cree que actualmente esto sucede?

AV: El Consejo es un cuerpo eminentemente político no partidario. Nosotros no somos un Tribunal de justicia sino un órgano político de la Constitución insertado en el Poder Judicial con facultades expresamente concedidas por la Constitución.

Dju: Desde ese punto de vista, ¿la línea sería una salida no traumática a las críticas a la justicia?

AV: Nuestro papel es claro, el papel del Consejo es seleccionar a los mejores para proponerlos como jueces y acusar ante el jurado aquellos que están incursos en las causales de destitución. Administrar en la mejor forma posible el Poder Judicial, dotándolo de los elementos necesarios para que pueda cumplir su misión y asegurar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Estas son las atribuciones del Consejo de la Magistratura, todo lo que hagamos por encima de ellas está mal. EL Poder Ejecutivo no pierde la facultad de designar a los jueces, sino que debe adecuar su designación a un procedimiento determinado por la misma Constitución que importa un concurso público de selección de los mejores. Agiliza la destitución de los magistrados a través del jurado de enjuiciamiento, que es un mecanismo más fácil que el que tenía antes la Comisión de Acusación de la Cámara de Diputados y del Senado, le fija un plazo: todo asunto no tratado en 180 días caduca, y los jueces tengan la duda permanente de cual es su situación y faculta a este cuerpo donde están representados todos. Acá están las provincias a través de la representación del Senado, el pueblo de la República a través de la representación de Diputados, los jueces elegidos por sus propios miembros, los abogados, profesores y académicos, un representante del Poder Ejecutivo y la presidencia del titular de la Corte. La Constitución quiere que todos los sectores interesados en este tema lleguen a un acuerdo necesario para poder tener un mejor servicio de justicia.

Dju: A su criterio, ¿el Consejo sería más completo por sus integrantes, que lo que fue en su momento la Cámara de Diputados como acusadora y el Senado como el Tribunal que emitía sentencias?

AV: Están todos los sectores representados y por eso que es un cuerpo político, nosotros no juzgamos a nadie, tenemos una misión para la designación, una misión en la etapa de la destitución, una misión de administración y el dictado de los reglamentos que asegura la independencia del Poder Judicial.

Dju: ¿Cual es su opinión con respecto al discurso del Presidente en la inauguración del período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación respecto de las demoras en la designación de jueces? ¿Hubo satisfacción por parte del Presidente por la explicación que le dieron en la Casa de Gobierno?

AV: Ambas cosas están consideradas. Al Consejo le achacan su lentitud en sus decisiones, pero desconocen la verdad. El Presidente ha manifestado la necesidad de cubrir esas vacantes para asegurar la justicia . El Consejo se instituye en la reforma del 94 y recién se constituye a fines del 98. Han pasado cuatro años desde entonces, tiene un atraso natural, no producido por inactividad del consejo sino por no existencia del Consejo en la práctica, porque no había Ley. Los concursos, para poderlos hacer bien, tienen un procedimiento largo y eso demora.

Por eso el presidente ha mandado a sugerencia de una ley para cubrir transitoriamente las vacantes. Esto demuestra que sentándose alrededor de una mesa y consensuando se pueden lograr acuerdos que en definitiva favorezcan a todos.

Yo creo que el presidente está muy satisfecho de haber mandando esta ley, sino no la hubiera mandado, y también nosotros hemos tomado debida cuenta de los requerimientos del presidente de la necesidad de tener una justicia totalmente integrada y conformada.

Dju: ¿Allí también se planteó la cuestión presupuestaria?

AV: Se le requirió al presidente el refuerzo presupuestario. Pero el Consejo y la Corte son los que elevan su proyecto de presupuesto. Somos concientes de las limitaciones que tiene el Estado en estos momentos y la crisis económica en que vivimos, pero de todos modos le hemos pedido al presidente que en el ámbito de sus atribuciones le asigne al Poder Judicial una prioridad importante.