Se le pondrá al intento oficial por parte de la Corte de recortar los salarios en el Poder Judicial. Primero se sentó un precedente al limitar el decreto 290/95 firmado por Carlos Menem solo al Poder Ejecutivo que luego se extendió al Legislativo por sanción de la ley de presupuesto de ese año, la 26.624, que aprobó ese decreto. Segundo, el pronunciamiento del máximo tribunal se puntualizó sobre el reclamo de Liliana Guida, una agente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que planteó judicialmente el reclamo y tercero, con el voto de Enrique Petracchi, se le dijo que los decretos de necesidad y urgencia pueden llegar a requerir el respaldo de una ley. Si bien esta interpretación es minoritaria, no debe olvidarse que en su momento contó con la adhesión de otros tres ministros -Augusto Belluscio, Carlos Fayt y Gustavo Bossert- que, ahora, parecieron disciplinarse a los nuevos tiempos pero nada quita que un futuro -por lo menos de otros dos años hasta que los juicios contra el decreto de Fernando de la Rúa lleguen a esa instancia- se mantenga el mismo criterio, como ocurrió con la interpretación sobre competencia de la Corte en los casos penales que afectan a diplomáticos extranjeros. Tampoco la Corte adherirá automáticamente a la invitación del Gobierno -en ello tuvo que ver mucho la muñeca de Ricardo Gil Lavedra que evitó que se le desempolvara la vigencia de la ley de Autarquía- sobre el recorte a los sueldos de los empleados y funcionarios judiciales que había generado un serio malestar, sobre todo entre secretarios y jueces al punto que obligó al camarista Kiper -no es un secreto la defensa que hace este juez de los secretarios judiciales- a pedir el rechazo de la aplicación de la rebaja salarial para la Justicia. Esa misma postura fue esgrimida, casi simultaneamente, por el ex presindente de la Asociación de Magistrados -no son pocos los que quieren que vuelva a serlo- Bindo Caviglione Fraga, en el transcurso de la reunión convocada por la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura presidida por otro juez -experto en internet- Javier Fernández Moores.
hugo morales / dju
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